Cuando los hermanos Isaías entregaron Filanbanco al Estado el 2 de diciembre de 1998, atravesaba una crisis de liquidez pero no estaba quebrado. El banco era solvente y se entregó en pleno funcionamiento. Varias pruebas lo demuestran.
Como ejemplo, está el oficio del 25 de noviembre de 1998 de la Superintendencia de Bancos enviado al Banco Central, que certifica la solvente situación económica del Grupo Financiero Filanbanco. Fueron los funcionarios estatales quienes lo saquearon, lo dilapidaron y lo quebraron tres años después.
Filanbanco era tan sólido y solvente que solo en el primer trimestre del año 2001 de manejo estatal arrojó utilidades por $130 millones de dólares.
Filanbanco fue el banco más grande y solvente del siglo pasado
Filanbanco llegó a contar con medio millón de clientes y a manejar hasta $500 millones de dólares de créditos internacionales. Gestionaba el 40% del comercio exterior del país. Industrias como la floricultura, la bananera y la camaronera fueron impulsadas con la visión, apoyo y créditos de Filanbanco.
Según lo evidencian los balances e informes entregados a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central de Ecuador, cuando Filanbanco fue traspasado a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) contaba con solidez y solvencia. En el primer año de administración estatal, con los mismos activos y pasivos que dejaron los
ex-accionistas y superada la crisis de liquidez, Filanbanco volvió a ser el más rentable del país.
Filanbanco convertido en salvador de bancos quebrados
Durante el gobierno de Gustavo Noboa, intereses políticos infiltrados en la AGD le impusieron a Filanbanco el salvataje “obligatorio” de varios bancos. Entre ellos, cuatro entidades bajo sospecha por sus relaciones con el poder: Cofiec (Falconí-Avellán), Previsora (hermanos Guerrero Ferber), Pacífico (Laniado) y Progreso (Aspiazu-Seminario).
Pérdidas por 895 millones de dólares en Filanbanco estatal
Entre finales de 1999 y la quiebra de Filanbanco en el 2002; los balances del banco, informes de la Superintendencia de Bancos y de asesores internacionales, dictámenes de firmas auditoras revelaron que entre abril y diciembre del año 2000, hubo un grave deterioro de la situación financiera del banco. En ese período Filanbanco perdió su liquidez y solvencia. Un informe de la Superintendencia de Bancos muestra que Filanbanco estatal generó pérdidas de $895 millones de dólares durante la administración de la entidad por parte del gobierno de entonces.
El detalle de las pérdidas en administración estatal
Las cifras son contundentes: En operaciones con Bonos, Filanbanco estatal perdió $201.1 millones de dólares. En negociaciones con CDR´s la pérdida fue de $112.4 millones de dólares, por reprogramación de vencimientos de depósitos a partir del congelamiento por Decreto Ejecutivo, en que Filanbanco fue obligado a recibir CDR´s como pago de las deudas de sus clientes. (Algunos de estos CDR´s fueron pagados anticipadamente y en efectivo a políticos y autoridades influyentes como Juan Falconí).
La mala administración de créditos supuso pérdidas de 117.5 millones de dólares; fusión con Previsora, Filanbanco se perdió 108 millones de dólares; venta de bienes, 17.7 millones de dólares; y finalmente, por provisiones constituidas por falta de gestión en el cobro de la cartera, se perdieron 338.5 millones de dólares.
El proceso en contra de los ex administradores de Filanbanco fue iniciado en junio del año 2000, es decir un año y medio después de que ellos entregaron el banco al Estado. Por Filanbanco pasaron casi todas las firmas auditoras que operan en el Ecuador y en sus dictámenes ratificaron el buen estado en que los ex administradores entregaron el banco a la AGD.
Los créditos del BCE a Filanbanco tuvieron correcto uso y destino
El 5 de diciembre del 2000, Filanbanco estatal administrado por la AGD, envió una certificación escrita al Presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmando el buen uso y destino de los créditos.
Los peritos Fernando Castillo y Elvira Pino, designados por la máxima autoridad judicial, certificaron igualmente el correcto uso y destino de dichos créditos. En base a estas pruebas, la Fiscal General Mariana Yépez, tuvo que reconocer su error en la acusación de abuso de fondos públicos y emitió el dictamen que confirmó que no hubo peculado bancario. La Fiscal se limitó a acusar a los procesados por delitos en el manejo de balances, los mismos que luego fueron desvirtuados con evidencias.
Las acusaciones sobre el desvío de créditos a empresas del grupo Isaías nunca fueron probadas. La Corte Suprema de Justicia pidió tres veces a la Superintendencia de Bancos de entonces que probara, ampliara y precisara tales acusaciones, pero dicho organismo nunca lo hizo. La Corte realizó consultas a los bancos de EE.UU. que la Superintendencia mencionaba como beneficiarios de los fondos del BCE, y esos bancos certificaron que nunca recibieron tales fondos.
Al no tener fórmula legal para incriminar a los hermanos Isaías, los poderosos de turno esgrimieron falsos pretextos para forzar la acusación y cubrir sus intereses. Solo pretendían obtener una acusación a como dé lugar, así no haya evidencia que la sustente.
