El CASO / Pruebas de la inocencia             1 2 3 4 5 6

3 Confiscación ilegal, sin sentencia, y mandato que origina indefensión.

La confiscación es parte de una confabulación que ha saqueado y dilapidado más de 1.000 millones de dólares en bienes, empresas y medios de comunicación administrados por el Estado. No se han rendido cuentas al país sobre la venta, depreciación o quiebra de los mismos, y el principal responsable, Pedro Delgado, está prófugo en Miami.

"Firmas o te vas"
Fausto Ortiz, el ministro de Finanzas de entonces, denunció que se le obligó a firmar un acta forjada de incautación. Al no aceptar tal ilegalidad, Correa le conminó: “Firmas o te vas”: Ortiz se fue. Luego, los asambleístas correístas dejaron en indefensión a los hermanos Isaías mediante la promulgación del Mandato 13 y blindaron a los autores, cómplices y encubridores del acto confiscatorio.
El principal objetivo era apoderarse de TC Televisión, Gamavisión y CN3

 

En julio de 2008, un grupo de ex funcionarios del Gobierno que decretó el "feriado bancario", fraguaron la confiscación de los bienes, empresas y medios de comunicación de los hermanos Isaías Dassum, aduciendo una supuesta existencia de depositantes perjudicados por la administración privada de Filanbanco.

El objetivo de fondo era apropiarse de los canales de televisión TC y Gamavisión para conformar -junto al creciente incremento de medios públicos- un estado de propaganda. Los autores intelectuales de este ilegal acto, Rafael Correa, Alexis Mera, Camilo Samán, Juan Falconí y Pedro Solines, brindaban por adelantado días antes de la confiscación. Varios medios reseñaron este encuentro.

 

Un proceso atropellado, parte de una consigna política

Para lograr su propósito tuvieron que hacer “renunciar” a un Superintendente de Bancos, a varios Gerentes Generales de la AGD, a  Ministros de Estado y ubicar en esos sitios clave a enemigos de la familia Isaías. Carlos Bravo –amigo y abogado de Falconí-, fue nombrado como titular de la AGD y verdugo de la confiscación. El ilegal acto fue eminentemente político y no jurídico. Bravo recibía órdenes telefónicas directas de Rafael Correa para proceder a todos los actos de confiscación.

Ocultaron al país que no había depositantes impagos y que el informe de Deloitte & Touche, del año 2001, no era una auditoría a los Estados Financieros y que no determinaba responsabilidades en contra de la administración Isaías ni, peor aún, tampoco determinaba ninguna apropiación indebida de fondos por parte de ésta.

Irrespetaron el derecho al debido proceso; actuaron sin sentencia, resolvieron como jueces sin serlo y se apoderaron en forma inmoral e ilegal de bienes ajenos.

Nunca hubo depositantes perjudicados del Filanbanco / Isaías

De un plumazo administrativo estatizaron bienes, empresas y medios de comunicación por más de 1.000 millones de dólares y sólo se pagaron alrededor de 5 millones de dólares. La razón: nunca hubo ni hay depositantes impagos o perjudicados de Filanbanco correspondientes a la administración Isaías.

Según el informe oficial de la UGEDEP, esos 5 millones de dólares, fueron en realidad pagados a acreedores del banco La Previsora y Previsora International Bank; entidad bancaria que fue fusionada con Filanbanco estatal.

El festín de los bienes y empresas confiscados

En cuanto a las empresas confiscadas y administradas por la AGD (luego llamada UGEDEP), hasta el momento nadie responde por las irregularidades o los dolos perpetrados, revelados por la Contraloría y, en algunos casos, investigados por la Fiscalía.
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/28/nota/1214271/contraloria-examina-eica-fondos-gestion
http://www.elmercurio.com.ec/365356-trabajores-de-ecudos-piden-investigar-venta-de-ingenio-ecudos/#.U6IHZr4o7IU
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=190880&umt=fiscalia_inicia_indagacion_previa_en_caso_venta_del_ingenio_eq2_informa_enrique_herreria

No hay rendición de cuentas al país sobre más de 1.000 millones de dólares en bienes confiscados, ni sobre los 23 millones de dólares en efectivo, que se apoderaron solo en PetroManabí en el año 2008.

El 9 julio del 2008, al día siguiente de las incautaciones, por pedido de los asambleístas oficialistas, la Asamblea Constituyente de Montecristi aprobó en pocas horas el Mandato Constituyente 13, el mismo que “legalizó” las confiscaciones, con efecto retroactivo. Ese mismo Mandato prohibió que los jueces y tribunales acepten impugnaciones de los afectados contra los actos de la AGD, so pena de juicio penal y destitución, dejando a los hermanos Isaías en total estado de indefensión.

Así se manifestó la voluntad política de atacar a Roberto y William Isaías, cercenándoles sus derechos humanos y negándoles el acceso a la Justicia, y por ésta – y otras razones de peso- el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, conoció en marzo del 2012 una denuncia de los hermanos Isaías contra Ecuador por violación a los DDHH.


Filanbanco fue quebrado por una corrupta administración estatal.

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Créditos fueron pagados al Banco Central. No hubo peculado.


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Confiscación ilegal, sin sentencia y Mandato que origina indefensión.


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