El CASO / Pruebas de la inocencia             1 2 3 4 5 6

5 Nueva corte con jueces subordinados al poder ejecutivo

El publicitado cambio en la justicia, ofertado por el gobierno no fue tal, sino solo un "maquillaje" estético e inmobiliario. El Ejecutivo pretendía tomarse las cortes y administrar justicia con un grupo de jueces serviles, y así lo hizo.

El informe de la Veeduría Internacional evidenció que a varios postulantes del concurso para conformar la nueva Corte Nacional de Justicia se los favoreció otorgándoles puntajes en forma injustificada. El juez Wilson Merino, beneficiado con 10 puntos de regalo, manejó dos juicios clave del correísmo, en los que falló a favor de Correa y en contra de El Universo y de los hermanos Isaías. Paúl Íñiguez, otro juez cuestionado, condenó a los últimos, pese a que prevaricó y debía excusarse.

Rafael Correa convocó para el 7 de mayo del 2011 una consulta popular con diez preguntas, una de las cuales proponía reemplazar al Consejo de la Judicatura por tres delegados cuya elección controlaba el Ejecutivo. En la campaña, Correa convenció al electorado de apoyarlo, haciéndole creer que con este “cambio en la justicia” se iba a controlar la inseguridad ciudadana. Ante la ola delictiva que atravesaba el país, el pueblo votó a favor de la propuesta de Correa.

Se nombraron a tres personas ligadas al gobierno y al partido: Paulo Rodríguez,
Tania Arias
y Fernando Yávar, Arias quienes dirigieron el proceso y elaboraron la normativa del concurso para elegir a 21 jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia.

Cuestionada elección de la nueva Corte Nacional de Justicia
El proceso tuvo críticas y cuestionamientos y, finalmente, se evidenció el favoritismo para ciertos postulantes.
A Wilson Merino, a Mariana Yumbay y a Ximena Vintimilla
se les otorgó en forma injustificada 10, 6 y 4 puntos respectivamente. Otros aspirantes, como Paul Íñiguez, Lucy Blacio, Johnny Ayluardo y Wilson Andino, fueron también favorecidos con puntajes que no merecían mediante la "trampa" de la entrevista final, que permitía a los integrantes del Consejo una amplia discrecionalidad, con hasta 10 puntos, para favorecer a ciertos postulantes.
La Veeduría Internacional
para este concurso fue presidida por el juez español Baltazar Garzón, quien en su
informe final
ratificó que se asignaron puntos injustificadamente a los cuestionados postulantes.

Los jueces correístas se delatan con sus fallos
Una vez posesionados, los cuestionados jueces se delataron con sus fallos. Wilson Merino, tuvo a su cargo dos juicios clave de la agenda correísta: el caso Isaías y el caso del diario
El Universo.
En este último, Merino ratificó la sentencia millonaria del también cuestionado juez Juan Paredes y falló a favor de Correa y en contra de El Universo. Merino sentenció también a los hermanos Isaías a 8 años de prisión pocos días después de posesionado, en un juicio que tiene más de 3.000 fojas y que ha durado más de una década. La probidad, idoneidad e imparcialidad de la justicia ecuatoriana han sido seriamente cuestionadas no solo localmente sino también internacionalmente. Las principales críticas apuntan a que se considera que el Ejecutivo controla a los jueces, abusa del poder y utiliza la justicia como una herramienta de persecución judicial, de lo cual existen varios casos documentados.

Una condena política para no rendir cuentas sobre los bienes confiscados
El 13 de marzo de 2014 el juez
Paúl Íñiguez condenó a los hermanos Isaías
por malversación, es decir por el mal uso de un crédito, exculpándolos de tantas otras acusaciones temerarias que nunca tuvieron sustento. Los otros jueces responsables de la condena son
Ximena Vintimilla y Johnny Ayluardo
, también cuestionados por haber llegado al cargo con puntos demás. La condena no fue sorpresa para nadie. Obviamente, los hermanos Isaías jamás podían ser declarados inocentes por la justicia correísta porque el gobierno hubiera tenido que responder por más de 1.000 millones de dólares en bienes confiscados, muchos de ellos quebrados y dilapidados; y devolver los canales de televisión TC, Gamavisión y CN3, actualmente usados como base del estado de propaganda y que son vitales para el proyecto político de reelección en el 2017.

Iñiguez, el juez de los casos especiales del presidente Correa

“Estás fregado compa por meterte con el juez que maneja los casos especiales del presidente“

Fue la expresión que usó la secretaria nacional de Gestión Política Betty Tola para referirse al juez Paúl Íñiguez según versión del ex alcalde de Gualaceo Marco Tapia, quien acusa al juez de persecución judicial en su contra. Íñiguez, quien arribó al cargo con puntos obtenidos ilegalmente, no podía tratar el caso Isaías, mucho menos sentenciar, porque adelantó criterio en una comunicación enviada a la Fiscalía General, meses antes de emitir la condena en contra de los hermanos Isaías. Íñiguez ha demostrado con su envanecido proceder que prevaricar, perseguir judicialmente, irrespetar las leyes y el debido proceso es permisible si se goza del patrocinio y protección desde lo más alto del poder.

Campaña millonaria para crear el ambiente previo a la condena
Como es costumbre, el régimen correísta utiliza la propaganda y la manipulación mediática para sus fines políticos. No le basta apelar a los argumentos, a las pruebas, al debido proceso para arribar a la verdad, sino que distorsiona la realidad y la acomoda a favor de sus intereses, mediante la descalificación y el linchamiento mediático.

Para crear un clima propicio para la condenar a los hermanos Isaías de marzo del 2014, el gobierno implementó una campaña de descrédito en contra de ellos a nivel local e internacional desde finales del 2013. Para tal objetivo, contrató a la onerosa
agencia de relaciones públicas Ketchum
con sede en Nueva York, la misma que maneja la imagen a
Vladimir Putin en los EE.UU.
Es por ello que en medios escritos y televisivos norteamericanos comenzaron a aparecer noticias que pretendían hacer aparecer a Roberto y William Isaías como donantes de un poco más de cien mil dólares para campañas políticas. Lo que no se decía es que las donaciones son perfectamente legales en los EE.UU y que las mismas fueron realizadas por miembros de la familia que no eran ni Roberto ni William Isaías. Los medios confabulados con Ketchum, no contrastaron sus noticias, menos se preguntaron cuántos millones de dólares recibió Rafael Correa en donaciones por parte de los hermanos Isaías en la campaña del 2006.

Quien comandó en los EE.UU esta campaña de descrédito financiada con fondos públicos fue la embajadora Nathalie Cely, ex funcionaria del gobierno de Jamil Mahuad y excolaboradora cercana del banquero Roberto Baquerizo, del quebrado
Banco Unión
. La estrategia mediática incluyó también el
linchamiento mediático
que los medios gobiernistas protagonizaron en el Ecuador con el ex locutor de noticias de CNN, Alberto Padilla, quien antes fuera
descalificado en una sabatina
y ahora repetía lo que Ketchum le alimentaba desde el imperio para sembrar en el Ecuador el clima adecuado para condenar a los hermanos Isaías. Lo risible de este grotesco episodio fue que al día siguiente de la finalización de las repetidas y memorizadas descalificaciones de Padilla, el diligente juez Paúl Íñiguez lanzó la condena. La casualidad queda descartada.

 

 

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