El CASO / Pruebas de la inocencia             1 2 3 4 5 6

6 Procesos con jueces imparciales, dan la razón a los Hermanos Isaías.

En el año 2009, el Estado ecuatoriano, a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, demandó en el Undécimo Circuito Judicial del Condado Miami-Dade, Florida, EE.UU, a los hermanos Roberto y William Isaías, con el propósito de validar en dicho país la Resolución AGD-UIO-GG-2008-12 de julio 8 del 2008 según la cual se confiscaron activos y empresas por más de 1.000 millones de dólares. La AGD dijo al Juez a cargo en la Florida que tal resolución tenía la fuerza de una sentencia ejecutoriada, porque el Gerente General de la AGD es "Juez" de Coactivas y que dicha Resolución no era susceptible de ser revisada.

Dicho en otros términos, se trató de convertir un acto administrativo en sentencia ejecutoriada, no obstante, se ocultó el hecho de que la imposibilidad de revisar dicho acto se debía al Mandato 13, el que amenazaba con prisión al juez ecuatoriano que se atreva a revisarla.

El caso se tramitó en la División de Litigios Complejos de Negocios bajo el número 09-34950 CA-40 y concluyó con sentencia a favor de los hermanos Roberto y William Isaías y en contra del Estado ecuatoriano que asumió la legitimación activa del caso cuando desapareció la AGD. La sentencia del Juez John W. Thornton fue notificada a las partes el 20 de mayo de 2013.
En lo medular, la sentencia afirma que:

"en primer lugar, una corte de EE.UU. tiene justificativos para  negarse a ejecutar un decreto confiscatorio emitido por un poder extranjero soberano pues el estado extranjero está actuando más allá de su dominio territorial. En segundo lugar, las Cortes de EEUU tienen la facultad de considerar las relaciones políticas entre los estados soberanos al decidir si ejecutan un acto de un soberano extranjero que equivaldría a un decreto confiscatorio. Tercero, las cortes han sido renuentes en ejecutar actos extranjeros de estado que agravian la Constitución de EEUU en su desagrado por apropiaciones sin justa compensación. Por lo tanto, pese a que la doctrina de actos de estado prohíbe a esta Corte proclamar que el acto de Ecuador no tendría efecto en Ecuador, esta Corte no está impedida de rechazar a ejecutar esos actos en esta jurisdicción."

Finalmente, el Juez de la Florida John W. Thornton, declaró que la Resolución de la AGD no era una sentencia y rechazó el intento confiscatorio del Estado ecuatoriano, concediendo la moción de los hermanos Isaías de que se dicte una sentencia sumaria a su favor, en los siguientes términos.

"Ecuador no busca ejecutar una sentencia. Sin una sentencia que determine responsabilidades, con validez bajo la legislación de EEUU, cualquier intento de Ecuador de embargar propiedades de los Demandados en EEUU es inconsistente con las leyes y normativas de EEUU. Por otra parte, Ecuador eliminó la posibilidad que tenían los Demandados de impugnar la R. 1084 o la responsabilidad el Artículo 29. Al promulgar Ecuador el Artículo 2 del Mandato 13 se configuró una violación de varios de los más fundamentales pilares de las leyes y normativas de EEUU, incluyendo el debido proceso, revisión judicial y la independencia de la Función Judicial para actuar con justicia e imparcialidad."

En la sentencia se agrega además, lo siguiente:

"Juntos, el Mandato 13 y la intención de Ecuador de ejecutar una resolución no judicial donde se determinen responsabilidades, conforman una desviación sustancial de las leyes y normativas de EEUU. Los Demandados pueden haber cometido los actos que el Ecuador alega. Sin embargo, la forma en la que Ecuador ha intentado enderezar los supuestos errores de los Demandados es inconsistente con las normativas y leyes de EEUU.  Consecuentemente, las leyes bajo el control de esta jurisdicción y la petición de Ecuador en mérito del Artículo 29, son inejecutables en esta Corte."

 

 

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