El CASO / Marco del juicio

 

 

 

 

Todo juicio justo debe basarse en acusaciones probadas, contar con la imparcialidad de los jueces, realizarse en un tiempo razonable y en condiciones de independencia respecto del Gobierno.

Estos mínimos requisitos no se cumplen ni se han cumplido en el caso de los hermanos Isaías.
Acusaciones probadas
En el caso Isaías ha habido una reiterada violación al debido proceso y a los derechos de los demandados. El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresa que:

"Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

En el caso de los hermanos Isaías, hay numerosas pruebas y hechos que demuestran su inocencia. Por su parte, la Fiscalía no ha podido presentar una sola prueba de cargo o culpabilidad, en la que se demuestre que Roberto o William Isaías abusaron en beneficio propio o de terceros de los fondos de Filanbanco y/o el Banco Central de Ecuador.

Durante diversas etapas del proceso, en forma sistemática y mediante argucias legales, se ha impedido a la defensa de los procesados exhibir todas las pruebas de descargo que disponían. Se les ha impedido la presentación de evidencias, argumentos y documentos determinantes que demuestran su inocencia.
Tiempo razonable
El excesivo retraso en llevar un caso a juicio o completar los procedimientos judiciales está tipificado como una violación de los Derechos Humanos. Justicia que tarda, no es justicia.

Ha pasado más de una década, desde que la Corte Suprema de Justicia emitió la acusación contra William y Roberto Isaías, tiempo en el que se han violado sus derechos, se han rechazado alegatos de su defensa y se han negado recursos para la nulidad del proceso.

El cálculo político ha pesado más que las pruebas y los hermanos Isaías son rehenes políticos desde hace 15 años. Durante este tiempo, han pasado por la causa 57 jueces, 5 gobiernos y 4 Presidentes de Cortes de Justicia.
Independencia del poder político
El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que:

"Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."

El caso de los hermanos Isaías se ha visto sometido constantemente a la intervención de la política. Se han fabricado leyes exclusivas en su contra, se les ha aplicado la Ley en forma retroactiva, se les ha confiscado sus bienes sin sentencia ejecutoriada y se les ha dejado en la indefensión por Mandato Legislativo. Todas estas violaciones tienen origen en intereses políticos plenamente evidenciados.

Poco ha importado hacer justicia o probar acusaciones, ya que la consigna para perjudicar y condenar a los Demandados, ha provenido desde las más altas esferas del poder político. Cuando un Tribunal de la entonces Corte Suprema de Justicia declaró que los hermanos Isaías no podían ser procesados por peculado, y se pronunció acogiendo el Dictamen Fiscal de Mariana Yépez, el propio Presidente de la República, así como varios Asambleístas del partido de gobierno (PAIS) declararon públicamente su inconformidad y pidieron la destitución y sanción a los Jueces, en una flagrante violación a la independencia de la Función Judicial.
Imparcialidad de los jueces
El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que:

"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley."

En el caso de los hermanos Isaías esto nunca se ha cumplido. El informe final de la Veeduría Internacional para la elección de la nueva Corte Nacional de Justicia, confirmó que Wilson Merino, Mariana Yumbay, Ximena Vintimilla, Lucy Blacio, Johnny Ayluardo y Paúl Íñiguez, entre otros postulantes, fueron ilegalmente favorecidos para llegar al cargo, con hasta 10 puntos.

Paúl Íñiguez y Wilson Merino, fallaron con $ 40 millones de dólares a favor de Rafael Correa en el caso del diario El Universo y acto seguido sentenciaron a los hermanos Isaías a 8 años de prisión.

De igual forma, el 12 de marzo del 2014, Paúl Iñiguez, junto a Ximena Vintimilla y Johnny Ayluardo desecharon los recursos de apelación en la etapa de casación interpuestos por los hermanos Isaías y los condenaron. Cambiaron el fallo de Merino de peculado bancario a malversación de fondos y coincidencialmente, la Sala Penal en la que hoy se encuentra el caso para la casación, entre sus miembros está Jorge Maximiliano Blum, quien junto a Íñiguez conformó la sala que ratificó la sentencia contra el diario El Universo.

De igual forma, Blum prevaricó en la sentencia en contra de los hermanos Isaías al haber participado junto a Merino e Íñiguez, en la rueda de prensa en la que se anunció el fallo. Esta Sala para la Casación también la integra Lucy Blacio, otra de las juezas favorecidas en el concurso y quien además llamó a juicio a militares y policías que combatieron el terrorismo en los años 80. Blacio también falló a favor de Rafael Correa en el juicio seguido en contra del asambleísta Cléver Jiménez, principal denunciante de la corrupción del gobierno. La CIDH otorgó medidas cautelares a Jiménez y pidió revisar la sentencia.

Marco Tapia, ex alcalde perseguido por el juez Paúl Íñiguez, confirmó que una importante dirigente del correísmo le confirmó que Rafael Correa tiene jueces que manejan casos especiales. Las evidencias están a la vista. Justamente los jueces que fueron favorecidos con un ilegal regalo de puntos en el concurso de la nueva Corte Nacional de Justicia, son los mismos que sentencian a favor de los intereses del régimen o del ciudadano Rafael Correa Delgado y en contra de quienes son detractores, opositores o simplemente en contra de quienes su inocencia no es conveniente para los fines políticos del mandatario y su partido.
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