CONFISCACIONES/ Bienes dilapidados
Silencio oficial y cero transparencia sobre los bienes confiscados
Bajo el silencio oficial y la nula transparencia del Gobierno, se evidencia un penoso balance sobre el destino de los bienes arrebatados a los hermanos Isaías: más de 1.000 millones de dólares en activos, pérdidas de casi 154 millones de dólares por la administración de esos bienes y empresas, más otros 18 millones de PetroManabí, en el limbo.

Según denuncias de la prensa independiente, el descalabro de la administración de los bienes es vergonzoso, y la responsabilidad recae en el Estado a través de su administradora, la UGEDEP, que se han negado sistemáticamente a rendir cuentas.


No se informa sobre el avalúo técnico inicial de los bienes y empresas. Se desconoce también el valor en que las vendieron, así como la utilización de los recursos recibidos por esas ventas. Tampoco se sabe sobre el destino de las utilidades generadas por las empresas ni su valor actual y su condición material. Se oculta los gastos que el Fideicomiso ha efectuado con cargo a las empresas y no se conoce bajo que conceptos realizaron esos gastos.  En conclusión se esconde al país datos y cifras sobre la administración estatal de los bienes y los recursos económicos confiscados a la familia Isaías.


Algunos funcionarios del Gobierno estarían haciendo uso personal de ciertos bienes, otros se giran a su favor cheques de las empresas confiscadas. Entidades estatales disponen alegremente de las propiedades y algunos funcionarios públicos han creado un tráfico inmoral en la venta de los bienes y asociaciones ilícitas para negociar empresas incautadas. Una buena parte de las empresas fueron quebradas por negligencia, por saqueo, por corrupción y por malos manejos.


No hay depositantes perjudicados por la administración Isaías, nunca hubo

Correa ponía a soñar a su electorado que con la venta de las empresas incautadas se podría -por fin- pagar a los miles de depositantes que fueron perjudicados por los corruptos banqueros Isaías. Nada más falso. La verdad: cuatro años después de la confiscación, solo se hicieron pagos por alrededor de 5 millones de dólares a depositantes de La Previsora, fusionado con Filanbanco en el año 2000 y de Previsora International Bank. No existen depositantes perjudicados de Filanbanco privado o de la administración Isaías, por eso es que no tuvieron a quien pagar con todo el dinero obtenido de la confiscación.


El saqueo de los bienes y empresas confiscados

En la administración de las confiscadas, Correa se quedó corto en su afirmación de que el Estado es mal administrador. No solo que fueron administradas deplorablemente, sino que unas fueron saqueadas y quebradas y otras vendidas a precios sospechosamente irrisorios y en procesos nada transparentes.


Pedro Delgado fue expedito en el alegre manejo y venta de los bienes confiscados que estaban a su cargo, a pesar de las advertencias del abogado defensor de los hermanos Isaías, quien alertó que los bienes no podían ser negociados, porque podrían producirse ventas fraudulentas perjudiciales para los compradores, por ser bienes en litigio legal.


La corrupción correísta se toma las empresas confiscadas

EICA, fue presa de la corrupción correísta. Recibieron del Ministerio de Transporte y Obras Públicas un adelanto de 30 millones de dólares por compra de maquinaria pesada e incumplieron con el contrato, al igual que lo hicieron con algunos municipios. Aparecieron proveedores, intermediarios, y empresas fantasmas que junto a los administradores correístas de EICA, acabaron con los recursos y el prestigio de la compañía que la familia Isaías construyó por más de medio siglo, con esmero y rectitud ejemplares.

Similares situaciones se dieron con el Ingenio La Troncal / Ecudos, el que fue vendido al grupo peruano Gloria con evidente favoritismo y en condiciones de ganga. El proceso de venta estuvo a cargo de la CFN y de la UGEDEP, el mismo que fue declarado desierto en una primera convocatoria, con el fin de bajar el precio base. En la segunda, el grupo Gloria accedió a la compra con un precio sustancialmente más bajo. Pero eso no fue todo; la CFN financió la operación de compra a los empresarios peruanos con un préstamo pagadero a 15 años plazo y además le aceptaron el pago con papeles, en un porcentaje superior al permitido por la ley.

Generoso con lo ajeno

Correa ha utilizado también las empresas confiscadas con fines políticos, ofertando en forma demagógica, acciones a los trabajadores. Así lo hizo en el caso del Hotel Ramada, Gamavisión, TC TelevisiónIngenio La Troncal / Ecudos, entre otras. No obstante, el régimen mantiene un infranqueable hermetismo sobre la administración de los bienes confiscados, violentando la Constitución y leyes que ordenan transparentar todo acto de Gobierno. Se desconoce el monto exacto de pérdidas por mala administración, despilfarro, saqueo y corrupción; solo se cuenta con datos parciales cuya fuente es la prensa nacional, en base a los cuales se puede estimar  una pérdida aproximada y parcial de 154 millones de dólares.




Nadie responde por las pérdidas

El discurso oficial pasa por la descalificación mediática de los hermanos Isaías para evadir la rendición de cuentas. La Asamblea no fiscaliza y los organismos de control junto con el poder judicial están sometidos al Ejecutivo, promoviéndose así, un régimen de impunidad. Ni Pedro Delgado, ni Katia Torres; ni la CFN, entidad que actúa como fiduciaria de los bienes confiscados; ni los ministros de Finanzas; ni los funcionarios de la Superintendencia de Bancos; y ni el mismo presidente de la República responden ante los requerimientos de información de la defensa de los encausados o de la prensa independiente.

Sobre el valor supuestamente pagado a los perjudicados por el cierre de Filanbanco, producto de la venta de los bienes confiscados, tampoco hay respuesta oficial. El informe de rendición de cuentas de Pedro Delgado, indica que fueron pagados solo 4.946.318 dólares, provenientes de la confiscada PetroManabí, quedando todavía por pagar, según el mismo informe, 23.768.734 dólares, valor que hasta la fecha nadie ha reclamado.

La falta de transparencia se presta para que funcionarios inescrupulosos puedan hacer mal uso de los bienes y fondos que se dice están pendientes de pago a depositantes “fantasmas”.


Los bienes inmobiliarios y los arriendos

Pero aún hay más. Bajo el poder del gobierno hay también alrededor de 520 bienes inmuebles. Solamente en arriendos de los inmuebles el gobierno debería en la actualidad recibir al menos unos 100.000 dólares mensuales. Si esta cifra se multiplica solo por los primeros seis años desde la confiscación, se debieron haber obtenido más de 7 millones de dólares.


Los autos de colección y el funcionario Moncayo

También hay un lote de 37 autos de colección que, según el informe de rendición de cuentas de Pedro Delgado, fue rematado por 1.090.900 dólares. Sin embargo, datos actuales de la Agencia Nacional de Tránsito revelan que por lo menos 20 de esos vehículos siguen a nombre de empresas del grupo Isaías, mientras otros diez ni siquiera aparecen con propietario. Es decir, tal vez 30 autos ni siquiera fueron vendidos. Las empresas que aparecen como propietarias de la mayoría de estos vehículos son Carinco S.A. y Ciploche S.A., las cuales están bajo la administración de Patricio Moncayo.

Moncayo es un personaje singular. En el documento con el cual se lo nombra administrador de Ciploche S.A. firma con un número de cédula, pero cuando se consulta en la página web del Consejo de la Judicatura resulta que tiene otra. Ciploche S.A., la empresa administrada por Moncayo, tiene a su nombre vehículos de lujo como un Porsche 911 y un Corvette C2. Este mismo funcionario administra otras 25 empresas que fueron incautadas al grupo Isaías.


LINKS:

http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/caso-filanbanco-15-anos-mucha-politica-y-poca-justicia http://www.elcomercio.com.ec/negocios/empresas-incautadas-Isaias-AGD_0_952104828.html


“Después de diez años, los depositantes de Filanbanco ya pueden retirar su platita, cómo logramos esto?

Incautamos Petromanabí a los Isaías, ya que se determinó que esta empresa les pertenecía. Y es increíble, da 11 o 12 millones (de dólares cada quince días":
Las pérdidas en detalle
Ingenio La Troncal / Ecudos:
En el momento de su incautación, la auditoría contratada por la propia AGD valoró el ingenio azucarero del grupo Isaías en 238.571.551 dólares. No obstante, tres años después, el 14 de septiembre del 2011, se remató el 70% de sus acciones por 133.810.875 dólares, es decir, hubo una pérdida de 33.189.210 dólares.

Pero eso no es todo, casi un año más tarde, el 13 de septiembre del 2012, la agencia de noticias estatal ANDES reveló que el 12,4% de las acciones del ingenio había sido vendido a los empleados de la propia empresa, por 23.703.640 dólares, generando así un nuevo desfase respecto a la valoración inicial, esta vez por 5.879.232 dólares. En resumen, con la venta del 82,4% de las acciones de Ecudos, hay una pérdida de 39.068.442 dólares.  

Grupo TV Cable:
El 35,48% de las acciones de este consorcio era del grupo Isaías. El informe oficial muestra que dicho paquete accionario valía 72.051.433 dólares, pero fue vendido por sólo 61.463.387. Es decir, hubo un desfase de 10.588.046 dólares.

Hotel Ramada:
La venta de esta empresa se divide en dos: el inmueble en sí y la administración de su negocio. En el momento de la incautación, la valoración del paquete completo fue de 7.096.152 dólares, sin embargo se lo vendió en 5.278.917 dólares, generando una pérdida de 1.817.235 dólares.

Budget:
La conocida firma de alquiler de autos fue valorada por la AGD en 5.568.662 dólares, pero finalmente vendida en 2.800.000 dólares, según consta en el informe de rendición de cuentas de diciembre del 2011, presentada por Pedro Delgado, entonces principal directivo del Fideicomiso AGD – CFN No Más Impunidad. Aquí el perjuicio fue de 2.768.662 dólares.

EICA:
Era la empresa más antigua del grupo Isaías, cuyo valor al momento de ser incautada era de 40.361.550 dólares. Sin embargo, luego de sus constantes problemas bajo la administración estatal, el propio gobierno la valoró en 7.200.000 dólares, según indica una nota de diario El Comercio, basada en información oficial, ocasionando pérdidas por 33.161.550 dólares.

Maxigraf:
En el momento de pasar a manos estatales, esta empresa fue valorada por pedido de la propia AGD en 5.954.661 dólares, sin embargo, quebró en las manos del gobierno. Su valoración actual es cero, generándose así, una pérdida total.
Barcos pesqueros:
Una flota de tres barcos pesqueros avaluados por la AGD en 9.969.470 dólares fueron subastados por 8.400.000 dólares, registrándose así una rebaja en su valor de 1.569.470 de dólares.

PetroManabí:
Fue otra de las empresas incautadas por el gobierno de la revolución ciudadana. Según la propia AGD, en el momento de pasar a manos del Estado, su valor era de 34.400.000 dólares. Adicionalmente a los 23 millones de dólares que fueron transferidos a Filanbanco por concepto de utilidades para supuestos pagos a depositantes.

Según el informe de rendición de cuentas de Pedro Delgado, a los perjudicados por el cierre de Filanbanco se les cancelaron 4.946.318 dólares; dinero que según dijo el propio Delgado ante la Corte de la Florida, en septiembre del 2012, llegó proveniente de PetroManabí. Esto quiere decir que quedó un remanente de 18.053.682 dólares, sobre el cual nadie se ha referido. En aquella ocasión, ante el tribunal estadounidense, Delgado tampoco supo responder qué pasó con ese saldo. En esta compañía, la pérdida asciende a 57.400.000 dólares.

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