CONFISCACIONES / Insolvencia




El juicio de insolvencia:
capítulo final para adueñarse
de los bienes confiscados
y dejar en la impunidad
a quienes los administraron
en forma corrupta.
El juicio fue planeado para encubrir a quienes saquearon lo confiscado y apropiarse de los canales de televisión
El 7 y el 19 de marzo de 2014, se cita mediante la prensa a los hermanos Roberto y William Isaías para que en el plazo de tres días a partir de esas fechas, paguen o dimitan bienes por 1.088 millones de dólares, una cifra antojadiza ya que el auto de pago con el que inicia el juicio coactivo la UGEDEP en abril 12 de 2012, fue de menos de la mitad de ese valor: 477 millones de dólares. Luego, dentro de este juicio, aparece una liquidación con cifras inventadas con el fin de equiparar el valor de los bienes confiscados con la supuesta deuda y así evitar el rendir cuentas.
El juicio de insolvencia iniciado 4 años después de la confiscación, constituye el último paso jurídico para concluir, la ilegal 'incautación' del Gobierno de Correa. Este juicio se convierte en una nueva violación al debido proceso y a los derechos humanos de los acusados y pretende impedir a la defensa acceder a cuentas sobre el destino de los bienes confiscados y la utilización de los fondos provenientes de los mismos, en la corrupta administración estatal.

Todo fue planeado para encubrir a quienes saquearon lo confiscado y apropiarse definitivamente de los canales de televisión. La evidencia de ello es el paralelismo de fechas entre la sentencia de la Corte Penal de marzo 12 del 2014 y el juicio de insolvencia iniciado en marzo 7 y 19 del mismo año.
La total indefensión
En este juicio nuevamente se dejó a los hermanos Isaías en total indefensión. Una de las posibilidades que tiene el coactivo, cuando el Juez de Coactiva no acepta los argumentos presentados, es recurrir a lo que se conoce como “juicio de excepciones a la coactiva”. 
El 29 de noviembre del año 2012, en uso del legítimo derecho a la defensa se acudió a la justicia ordinaria a fin de presentar la demanda de excepciones, la que jamás fue calificada. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil nunca dijo al respecto, ni media palabra. No se pronunció tampoco para negar la demanda, ni siquiera argumentando el injurídico Mandato 13.  Se consagró así la imposibilidad de discutir los “argumentos” de la coactiva en otro foro. 
Más violaciones al debido proceso y trato discriminatorio 
Dentro de todo este proceso tortuoso de liquidación de cuentas, cabe precisar lo siguiente:

1.    La UGEDEP nunca presentó una liquidación de las cuentas del banco y sus sustentos a la defensa de los hermanos Isaías, como corresponde.

2.    La UGEDEP nunca rindió cuentas de las empresas incautadas y tampoco se establecieron cuáles fueron sus utilidades. No se conoció qué hicieron con el dinero en efectivo que existía en caja, ni cómo se dispuso de sus activos.

3.    La UGEDEP tampoco rindió cuentas sobre la valoración, ventas y estado actual de los bienes que aún quedan en su poder.

4.    No se conoce porqué la UGEDEP utiliza el informe de Deloitte & Touche, el mismo que no determina pérdidas, como base de cálculo para determinar la cifra sobre la que supuestamente deben responder los exaccionistas de Filanbanco. En cambio a los accionistas de los otros 25 bancos, que cerraron sus puertas en la crisis bancaria de fines del siglo pasado, se les calcula según el déficit patrimonial de cada uno de ellos establecido en sus balances, lo que claramente configura un trato discriminatorio en perjuicio de los hermanos Isaías.
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