ENTREVISTA


Enrique Herrería dirige el Observatorio de Derechos y Justicia. Desde allí analiza seis casos activados por el Gobierno. En ellos identifica la violación de garantías como la presunción de inocencia o el debido proceso.

Quito, marzo 30 de 2014 | 00:56

“Cuando un Estado irrespeta el principio de intervención penal mínima ¿qué sociedad modela?
Hace 200 años César Beccaria esbozó el principio por el cual el Estado debe tener una actitud no expansiva de su acción punitiva. Este fue el progreso social en materia penal...

¿Eso ocurre en Ecuador?
En la justicia ecuatoriana hay una regresión de 200 años en el uso del derecho penal. Se tipifican como delitos conductas que ni siquiera son consideradas como contravenciones en otros países. Y hay un denominador común en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia.

¿Estos países no dieron el salto a un horizonte neoconstitucionalista sino a uno neopunitivista?
Sí. En las constituciones de otros países que he revisado, ninguna tiene el inmenso catálogo de garantías del debido proceso que tiene la nuestra. Sin embargo, en la sustanciación de los procesos no se considera ninguna. Para comenzar, una de las más importantes: la presunción de inocencia. Antes de la Revolución Francesa, los monarcas podían acusar a cualquier persona y se presumía su culpabilidad. En Ecuador vemos que basta que el Jefe de Estado califique como delito cualquier acto que pudiera ser crítico de la política oficial, para que el Ministerio Público inicie una causa. Esa presunción de inocencia es en la práctica derogada por el Presidente, pasando al principio, de hace 200 años, de que las personas son culpables hasta que no demuestren su inocencia.

¿Qué dice la práctica procesal reciente con respecto a otro principio básico: la proporcionalidad? A la profesora Mery Zamora se impuso pena de ocho años...
No solo que no hay la proporcionalidad entre el acto y la pena, sino que abomina al sentido común y a los fallos de la Corte Interamericana de DDHH que hay personas que son condenadas no solo a penas de prisión sino a indemnizaciones excesivas. Dice la Corte que las acciones indemnizatorias no pueden producir ni el enriquecimiento del supuesto agraviado ni conducir a un empobrecimiento de quien supuestamente virtió el agravio.

¿La violación del principio nutre la figura del derecho penal como instrumento de desmovilización social?
Lamentablemente en el Código Penal existe la figura del tipo penal abierto por el cual fueron procesados, por ejemplo, los 10 de Luluncoto (10L). Una descripción múltiple de actos que permite al juez, de manera subjetiva, describir cuál es la supuesta infracción e impide que el procesado sepa con toda claridad de qué delito defenderse. En el nuevo Código, estos tipos abiertos se amplían. Esto nos permite inferir que el Estado los amplifica con el propósito de llevar adelante prácticas represivas que impidan que los ecuatorianos manifiesten libremente sus opiniones.

¿Los tipos laxos son el sustrato para recuperar las viejas teorías del derecho penal del enemigo?
Efectivamente. Y parece paradójico que funcionarios de este gobierno, que permanentemente reproducen los textos de Luigi Ferrajoli, referente del garantismo jurídico, son los que califican como infracción las acciones que cometen las personas en función de su activismo político. Estos funcionarios hacen una apología del derecho penal del enemigo. Es decir, eres enemigo del Estado no por los actos que realices, sino por tu filiación política.

¿Ese es el caso de los 10L?
De ellos, de Mery Zamora, posiblemente de los chicos del Central Técnico: por tener vasos comunicantes con partidos de izquierda. Basta eso para que sean considerados enemigos del Estado y condenados a penas severas e incomprensibles para jóvenes a quienes se les arruina la vida.

En su criterio, ¿cuál es el daño intergeneracional que esas prácticas pueden provocar?
En el momento en el cual el poder político tiene injerencia en la justicia se está borrando de un solo plumazo esta restricción que se debe imponer en una sociedad para que los ciudadanos hagan valer sus derechos frente al Estado. En las sociedades modernas, el sistema de justicia sirve como garantía para el reconocimiento de derechos y para su reparación. Esto se está invirtiendo en el Ecuador. El Ejecutivo demanda que el Estado sea el que tenga la protección de sus derechos frente a los ciudadanos.

¿Una práctica totalitaria?
Es una práctica totalitaria. En las sociedades democráticas el Estado tiene restricciones para impedir que cause daño a sus ciudadanos y el sistema de justicia opera como el mecanismo de defensa de esos derechos. ¿Por qué no ocurre esto en el Ecuador? La Veeduría Internacional presidida por Baltasar Garzón dice que el proceso de selección de magistrados de la Corte Nacional de Justicia no tuvo el rigor para determinar que llegaran los mejores juristas, sino que hubo una manipulación que permitió que un número significativo llegara en perjuicio de los mejor calificados. Garzón también dice que en 2011 el Estado puso en vigencia en el Código Orgánico de la Función Judicial una causal de sanción a los jueces: el llamado error inexcusable. Es una frase laxa que permite al Consejo de la Judicatura sancionar a cualquier juez, cuando a su juicio ellos califiquen cualquier decisión como error inexcusable.

El Observatorio que usted dirige ha documentado cinco casos y hace un análisis jurídico del Decreto 16. ¿Detecta en ellos una matriz de irrespeto a las garantías fundamentales?
No es comprensible que la rotura de un vidrio en el caso ECTV, por ejemplo, pueda servir para que se impongan cuatro años de prisión. Lo más grave es que hay casos en los cuales ni siquiera se puede probar la infracción. A Mery Zamora se la acusa de haber paralizado las actividades en el Colegio Aguirre Abad cuando su ingreso al centro fue alrededor de las 09:30 y el país estaba ya conmocionado. No hay una actitud tolerante por parte del Estado, por el contrario se está utilizando el derecho penal con toda la carga de sevicia, para causar escarnio y humillar al ciudadano que protesta. Hace 200 años Beccaria desterró ya la existencia de penas degradantes.

¿Un abuso del derecho penal como dispositivo para la anomia?
Por supuesto. Los Estados con este tipo de comportamiento tienen el propósito de disciplinar a la sociedad, causar miedo, advertir a los ciudadanos que no pueden criticar al poder público, evitar la protesta y por ende rechazar la existencia de una sociedad pluralista. Eso es regresar hacia los regímenes absolutistas monárquicos o, en su defecto, reproducir la actitud de las sociedades dictatoriales.

¿No cabe también la paradoja? Para muchas organizaciones, los cercos a las libertades se están dando en el marco de nuevas normas, como el Decreto 16...
El artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y los artículos 95 y 96 de la Constitución garantizan el derecho de asociación. Estos derechos han sido abolidos con el Decreto 16. Un decreto de rango infraconstitucional ha derogado una norma de carácter supranacional como la CADH.

¿Qué respuestas ha tenido del Consejo de la Judicatura para los informes que ha presentado?
Únicamente acusa recibo y exige que explique la metodología para la elaboración de los informes, que no es otra cosa que una nueva revisión severa de las tablas procesales para determinar que se haya cumplido el derecho al debido proceso. Los jueces y tribunales que han tratado estos casos no han determinado con precisión debida cuáles son los tipos penales a los cuales se ajustaba la conducta de los procesados. También hemos llegado a determinar, en muchos de los casos, que no existieron pruebas suficientes que determinen que la sanción era la correcta.

¿En qué medida la judicialización de la política conduce a la sociedad a la barbarie?
El Presidente debería tener un espacio de reflexión, alejándose de las pasiones políticas y enviar un mensaje a la nación y el mundo, que debe comenzar necesariamente por releer el informe de Baltasar Garzón. En el interior de la justicia debería producir un remezón para que los propios integrantes de la Corte Nacional de Justicia depuren a aquellos jueces observados por la Veeduría. Asimismo, el Presidente debería presentar ante la Asamblea un proyecto de ley derogando la figura del error inexcusable del Código de la Función Judicial.

Pero eso es un deber ser...
Cuando las sociedades no tienen los mecanismos idóneos para la crítica se llega a la violencia. Mire el caso de Venezuela: cerrados los canales de expresión popular, sistemas de justicia maniatados por el poder político, cuerpos legislativos obedientes al Ejecutivo, represión generalizada... El Presidente tiene una obligación ante la historia: debería permitir que los ecuatorianos se manifiesten públicamente.

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-usa-el-derecho-penal-con-sevicia-para-causar-escarnio-603667.html










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