JUSTICIA ECUADOR | Los jueces de Carondelet blog-post-image

El concurso de elección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia duró 5 meses y estuvo bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura de Transición. Se presentaron 666 postulantes, de los cuales 483 fueron eliminados en la primera fase.

Hubo evaluaciones sicológicas, teóricas y prácticas, así como una entrevista personal de 15 minutos ante los miembros del Consejo, la cual fue calificada sobre 10 puntos. Esta entrevista se programó para el final, cuando ya se conocían las calificaciones previas, y se la dejó a cargo de Rodríguez, Yávar y Arias: 10 puntos para maniobrar a favor de los postulantes de interés del régimen.

blog-post-image El exasambleísta Andrés Páez fiscalizó el proceso y, luego de meses de investigación, demostró la forma en que se vulneró el marco legal y se otorgaron puntos a quienes ni siquiera habían completado los requisitos para ser calificados. Páez estableció que de los 21 nuevos jueces, el CJT favoreció al menos a 7.

Páez destaca que: estos ‘jueces’ no tienen legitimidad; actúan en funciones usurpadas; sus sentencias son ilegales; y esos fallos podrán ser revisados e invalidados en tribunales internacionales, lo que causaría graves perjuicios económicos al país.


blog-post-image El perfil de los jueces favorecidos

A pesar de su mediocre pasado, estos jueces hicieron gala de prepotencia; respaldados por el propio expresidente de la República, incluso públicamente. Otorgaron ruedas de prensa para anunciar sentencias, se arrogaron funciones que no se encuentran dentro de sus competencias, como retirar la inmunidad parlamentaria. Muchos de sus fallos son verdaderos ‘mamotretos jurídicos’. No tienen vergüenza ni recato alguno en violar los derechos ciudadanos, la Constitución y las leyes, ni en ejecutar sentencias atropelladas, alineadas a la agenda oficial, porque cuentan con la protección de Carondelet.

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blog-post-image El nuevo Consejo de la Judicatura: más de lo mismo

Los hechos descritos revelan que no hubo reforma judicial alguna, sino que la justicia solo cambió de dueño; de los caudillos de la ‘partidocracia’ al correísmo totalitarista; y que el Ejecutivo acaparó todos los poderes, el judicial incluido.

Otra muestra de lo afirmado constituye el nombramiento del Consejo de la Judicatura, organismo que entro en funciones el 23 de enero de 2013 lo presidió Gustavo Jalkh, exdirector de Projusticia, exministro de Justicia y Derechos Humanos, exministro de Gobierno, exsecretario de la Presidencia y amigo incondicional de Rafael Correa.

Los cuatro vocales restantes fueron también incondicionales al correísmo: Tania Arias y Paulo Rodríguez (quienes fueron reelegidos y de paso blindados de sus irregularidades en el anterior Consejo); Néstor Arbito, exministro de Justicia y Ana Karina Peralta, exasistente de Jalkh y ex funcionaria del correísmo. Más de lo mismo.

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Durante su gestión, el Consejo de la Judicatura ha removido a un sinnúmero de jueces cuando estos no han fallado a favor de los intereses del correísmo, bajo la criticada causal del ‘error inexcusable’, la misma que constituye una presión e intromisión en la actuación de los jueces.

En el caso Isaías, el Consejo de la Judicatura fue un mudo testigo de las barbaridades jurídicas, de los atropellos y de las violaciones al debido proceso cometidas, pese a que todas esas irregularidades fueron denunciadas por la defensa de los hermanos Isaías, ante su titular Gustavo Jalkh, reclamando su intervención.

El Consejo de la Judicatura omitió acciones de control y sanciones propias de su gestión al permitir que los jueces Fernando Quiroz, Felipe Granda, Enrique Pacheco, Wilson Merino y Paul Íñiguez actúen en forma parcializada, al boicotear la presentación de pruebas, al violar el debido proceso, y en el caso particular de Paúl Íñiguez, al permitir que lo califiquen como ‘irrecusable’ y no haberlo sancionado por haber cometido prevaricato en forma flagrante.




VIDEO: Cuestionamientos al concurso de jueces para la nueva Corte Nacional de Justicia. (Ecuavisa)