JUSTICIA ECUADOR | Desprestigio internacional de la justicia ecuatoriana blog-post-image

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blog-post-image En el régimen de Rafael Correa el poder judicial soportó un sistemático menoscabo, que para vergüenza nacional e internacional, lo perfilaron como sumiso y articulado a los intereses del Ejecutivo.
Casos como el del diario El Universo, en el que los jueces habrían recibido de los abogados litigantes las sentencias redactadas para fallar a favor del expresidente de la República obligando a los demandados a pagar una indemnización de 40 millones de dólares, causaron un estupor nunca antes visto.

El caso Isaías es otra vergüenza; lleva secuestrado más de quince años por una justicia politizada, siete en el Gobierno de Correa. Los jueces que los liberaron de culpa fueron defenestrados. Los magistrados ya no estudiaban sentencias, los fallos vinian redactados desde Carondelet o desde los estudios de los abogados de Correa. El miedo influyó en los fallos. Ningún juez que quiciera mantenerse en su cargo, o evitar ser perseguido, destituido o enjuiciado penalmente, se atrevió a juzgar conforme a derecho sino que lo hicieron adecuándose a las coyunturas e intereses políticos del régimen. En algunos casos, fallaron a favor de él para no tenerlo de enemigo o para congraciarse y obtener prebendas.

Esta realidad ha traspasado fronteras, como sucedió con el Caso Chevron, en el que se descubrió un círculo de corrupción político judicial. Organismos internacionales y Estados vieron con gran preocupación la creciente manipulación política de la justicia ecuatoriana.

blog-post-image Círculo vicioso de la justicia ecuatoriana

En el Ecuador los jueces no podian fallar apegados al derecho porque las influencias políticas los condicionaban y atemorizaban constantemente. Temian ser destituidos y encausados, o que se les aplique la figura del error inexcusable, como ya ha habia ocurrido en muchos casos. Sabian que o estaban con el régimen o caso contrario recibirian represalias.

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El Informe final de la Veeduría Internacional fue solo una pantalla
El informe observó varios incumplimientos e irregularidades en la calificación y selección de ciertos jueces, y recomiendó a la Corte Nacional de Justicia que se pronuncie y se establezcan las consecuencias del proceso. No obstante, la Veeduría Internacional, conformada por el propio Gobierno, fue desoída, lo cual demostró que la utilizaron solo como una pantalla para validar el fraude judicial, incumpliendo ante el país la promesa de hacer un verdadero cambio en la justicia. El proceso veedor era apenas un mero cumplimiento de formas en la búsqueda de su objetivo de fondo: tomarse el poder judicial.

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'Error inexcusable', figura clave para destituir jueces
En el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, el Artículo 109, numeral 7, contempló la figura del "error inexcusable" para la destitución de magistrados, disposición que se convertió en el instrumento clave para la suspensión y destitución de los jueces que contradigieron al régimen, y que fue rechazada por abogados, juristas y magistrados.

Según datos oficiales, el Consejo de la Judicatura designó a 1.430 jueces, suspendió a 273 y destituyó a 380 entre mediados de 2011 y finales de 2013, período en el que los magistrados en funciones aumentaron de 1.117 a 1.708.

En la mayoría de las destituciones, se los acusó de "dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable". Según estándares jurídicos internacionales, los jueces solamente podrian ser suspendidos o destituidos "por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones".

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El caso OCP / SRI y la destitución de jueces
En julio de 2013 la Corte Nacional de Justicia falló en contra del Servicio de Rentas Internas SRI, al no dar paso a una glosa por $252 millones de dólares que la entidad recaudadora de tributos, había emitido a la empresa de Oleoductos de Crudos Pesados OCP por una presunta subcapitalización y simulación de crédito. En septiembre de 2013 el Director del SRI anunció que dicha sentencia de Casación de la Corte Nacional originaría millonarias pérdidas al fisco.

Por este fallo, el Consejo Nacional de la Judicatura, primero suspendió a los dos magistrados que llevaban el juicio y luego los destituyó en enero de 2014. Hubo una clara intromisión en una institución del Estado que presionó sobre las decisiones judiciales. Actualmente la OCP está en manos del Estado.

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Ahora... ¡A Quemarropa!", conducido por Carlos Vera, el destituido juez José Suing reveló algunos hechos inéditos de la justicia secuestrada




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