JUSTICIA ECUADOR/ Desprestigio internacional de la justicia ecuatoriana
Círculo vicioso de la justicia ecuatoriana
En el Ecuador los jueces no pueden fallar apegados al derecho porque las influencias políticas los condicionan y atemorizan constantemente. Temen ser destituidos y encausados, o que se les aplique la figura del error inexcusable, como ya ha ocurrido en muchos casos. Saben que o están con el régimen o caso contrario recibirán represalias.

El Informe final de la Veeduría Internacional fue solo una pantalla
El informe observa varios incumplimientos e irregularidades en la calificación y selección de ciertos jueces, y recomienda a la Corte Nacional de Justicia que se pronuncie y se establezcan las consecuencias del proceso. No obstante, la Veeduría Internacional, conformada por el propio Gobierno, fue desoída, lo cual demuestra que la utilizaron solo como una pantalla para validar el fraude judicial, incumpliendo ante el país la promesa de hacer un verdadero cambio en la justicia. El proceso veedor era apenas un mero cumplimiento de formas en la búsqueda de su objetivo de fondo: tomarse el poder judicial.

'Error inexcusable', figura clave para destituir jueces
En el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, el Artículo 109, numeral 7, contempla la figura del "error inexcusable" para la destitución de magistrados, disposición que se ha convertido en el instrumento clave para la suspensión y destitución de los jueces que contradicen al régimen, y que ha sido rechazada por abogados, juristas y magistrados.

Según datos oficiales, el Consejo de la Judicatura designó a 1.430 jueces, suspendió a 273 y destituyó a 380 entre mediados de 2011 y finales de 2013, período en el que los magistrados en funciones aumentaron de 1.117 a 1.708.

En la mayoría de las destituciones, se los acusó de "dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable". Según estándares jurídicos internacionales, los jueces solamente podrán ser suspendidos o destituidos "por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones".

El caso OCP / SRI y la destitución de jueces
En julio de 2013 la Corte Nacional de Justicia falló en contra del Servicio de Rentas Internas SRI, al no dar paso a una glosa por 252 millones de dólares que la entidad recaudadora de tributos, había emitido a la empresa de Oleoductos de Crudos Pesados OCP por una presunta subcapitalización y simulación de crédito. En septiembre de 2013 el Director del SRI anunció que dicha sentencia de Casación de la Corte Nacional originaría millonarias pérdidas al fisco.

Por este fallo, el Consejo Nacional de la Judicatura, primero suspendió a los dos magistrados que llevaban el juicio y luego los destituyó en enero de 2014. Hubo una clara intromisión en una institución del Estado que presionó sobre las decisiones judiciales. Actualmente la OCP está en manos del Estado.

En el régimen de Rafael Correa el poder judicial ha soportado un sistemático menoscabo, que para vergüenza nacional e internacional, lo han perfilado como sumiso y articulado a los intereses del Ejecutivo.

Casos como el del diario El Universo, en el que los jueces habrían recibido de los abogados litigantes las sentencias redactadas para fallar a favor del presidente de la República obligando a los demandados a pagar una indemnización de 40 millones de dólares, causan un estupor nunca antes visto.

El caso Isaías es otra vergüenza; lleva secuestrado casi quince años por una justicia politizada, siete en este Gobierno. Los jueces que los liberaron de culpa fueron defenestrados. Los magistrados ya no estudian sentencias, los fallos vienen redactados desde Carondelet o desde los estudios de los abogados de Correa. El miedo influye en los fallos. Ningún juez que quiera mantenerse en su cargo, o evitar ser perseguido, destituido o enjuiciado penalmente, se atreve a juzgar conforme a derecho sino que lo hace adecuándose a las coyunturas e intereses políticos del régimen. En algunos casos, fallan a favor de él para no tenerlo de enemigo o para congraciarse y obtener prebendas.

Esta realidad ha traspasado fronteras, como sucede con el Caso Chevron, en el que se ha descubierto un círculo de corrupción político judicial. Organismos internacionales y Estados ven con gran preocupación la creciente manipulación política de la justicia ecuatoriana.
El destituido juez José Suing se destapa: Emisario de la Presidencia de la República “presionó” fallo de la OCP
En la tercera emisión del programa "Ahora... ¡A Quemarropa!", conducido por Carlos Vera, el destituido juez José Suing revela algunos hechos inéditos de la justicia secuestrada, vista desde adentro y afirma que acudirá a instancias internacionales para exigir reparaciones, por sentirse lesionado en sus derechos.
El ojo internacional mira atento lo que sucede en la justicia ecuatoriana
"El proceso de reforma judicial en Ecuador ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país", señaló Human Rights Watch en una carta enviada a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura. Desde el 2011, ese organismo integrado casi totalmente por ex funcionarios del gobierno del Presidente Rafael Correa ha nombrado y destituido a cientos de jueces aplicando métodos seriamente cuestionables.

En la mayoría de las destituciones, el Consejo de la Judicatura consideró que los jueces habían transgredido un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial que -con una redacción poco precisa- prohíbe a funcionarios judiciales desempeñarse con "dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable".

"La reforma de la justicia ecuatoriana impulsada por el gobierno debería haber contribuido a consolidar el poder judicial y profundizar su independencia. Hasta el momento, la reforma está yendo en la dirección opuesta", observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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El informe del 2013 sobre los Derechos Humanos del Departamento de Estado sitúa a Cuba, Ecuador y Venezuela a la cabeza de los países que más irrespetan las libertades ciudadanas en América Latina.

El documento, esencial para que el Congreso determine el reparto de ayudas en la región, alerta sobre las restricciones a las libertades de expresión, de prensa y de asociación en el Ecuador, así como las graves violaciones a los Derechos Humanos y la falta de independencia del poder judicial.

Destaca también que en Ecuador la corrupción fue generalizada, y que la falta de transparencia en el sector judicial continuó a pesar de algunos intentos de reforma procesal.

"El presidente Correa y su Gobierno continuaron los ataques verbales y legales contra la prensa. El mandatario declaró con regularidad que la prensa fue su 'peor enemigo'", y alentó a los funcionarios gubernamentales y particulares a que presenten demandas contra los medios de comunicación, lo que "ha provocado un aumento de la autocensura en los medios".

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El informe sobre Ecuador emitido por la Fundación para el debido proceso (DPLF) destaca la injerencia en las cortes por parte del presidente Correa y de otras altas autoridades no judiciales del ejecutivo.

"Varios expertos consultados coinciden en expresar que las declaraciones públicas, especialmente aquellas provenientes del Ministerio del Interior y del Presidente de la República, influyen de manera ostensible sobre las decisiones de los jueces, sobre todo por el miedo a la represalia y hasta por conservar su empleo, ya que el juez no tienen más opción que ordenar la medida exigida por los representantes del Ejecutivo.

En este sentido, otros consideran que estas declaraciones no son solamente influyentes, sino en realidad son absolutamente determinantes y vinculantes", asevera el informe. 



Agrega, además, que "un aspecto que es bastante polémico es la presencia de funcionarios públicos no judiciales en ciertas audiencias, situación que genera presión para que los operadores resuelvan aplicar la prisión preventiva en forma casi inmediata, es decir, existe una clara afectación en la decisión que el juzgador debe tomar".

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En marzo del 2014, un juez federal de los Estados Unidos halló "evidencia fraudulenta y corrupción" en la sentencia contra Chevron en Ecuador por contaminación ambiental, y afirmó que la multimillonaria multa que se aplicó a la petrolera estadounidense por parte de la justicia ecuatoriana se obtuvo de manera ilegal.

El fallo del magistrado Lewis Kaplan afirma que la compañía y su filial, Texaco, "podrían tener cierta responsabilidad" por la contaminación en los años que operó en la Amazonía ecuatoriana (1964-1990), pero que la condena en su contra, por 9.500 millones de dólares, estuvo manchada de irregularidades.

"El abogado neoyorquino Steven Donziger y sus pares ecuatorianos presentaron evidencia fraudulenta, redactaron ellos mismos la sentencia del caso Lago Agrio y prometieron al juez ecuatoriano 500 mil dólares para que se pronunciara a su favor y firmara el fallo", señaló Kaplan en su decisión de 497 páginas del 4 de marzo de 2014, en Manhattan, EE. UU.

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