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Cuando los hermanos Isaías entregaron Filanbanco al Estado el 2 de diciembre de 1998, atravesaba una crisis de liquidez pero no estaba quebrado. El banco era solvente y se entregó en pleno funcionamiento. Varias pruebas lo demuestran.

Como ejemplo, está el oficio del 25 de noviembre de 1998 de la Superintendencia de Bancos enviado al Banco Central, que certifica la solvente situación económica del Grupo Financiero Filanbanco. Fueron los funcionarios estatales quienes lo saquearon, lo dilapidaron y lo quebraron tres años después. Filanbanco era tan sólido y solvente que solo en el primer trimestre del año 2001 de manejo estatal arrojó utilidades por 130 millones de dólares.

Caso Isaías: un caso político, no jurídico

“Toda persona tiene derecho a ser juzgada por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas al efecto”. Esto dice expresamente el Artículo 76 de la Constitución de la República de Ecuador.

Sin embargo, en el caso Isaías se violaron todas las garantías procesales posibles, se vulneraron las tres constituciones y los dos códigos penales que ha tenido el Ecuador en estos años. Se hicieron acusaciones sin pruebas. Se modificaron insólita y descaradamente acusaciones ante la falta de sustento jurídico. El caso pasó por 5 gobiernos y el proceso se alargó por más de 15 años, tiempo en el que han desfilado por el caso, más de 50 de jueces.

Se dictaron 13 leyes con dedicatoria, ideadas, redactadas y aprobadas para lograr condenarlos, violando elementales principios universales de justicia. Leyes como la de Extradición y la que eliminaba los créditos para las empresas vinculadas, fueron hechas expresamente contra los hermanos Isaías.

Mandatarios, legisladores, jueces, funcionarios, políticos, periodistas y medios de comunicación, obviaron la presunción de inocencia y politizaron el caso. Algunos jueces prevaricaron y el Consejo de la Judicatura actuó como cómplice silencioso. Se les aplicó leyes retroactivas e ignoraron pruebas documentales clave que demostraban su inocencia.

La intervención de la política durante todo este proceso fue constante. La principal garantía, la independencia del poder judicial, no existió porque un grupo de nuevos jueces se estuvieron a órdenes de Carondelet.