JUSTICIA ECUADOR/ La Veeduría Internacional
El Gobierno conformó una Veeduría Internacional como pantalla para ‘legitimar’ los resultados de su reforma judicial -lejos de sus postulados de ser "un mecanismo independiente, deliberativo y transparente”-, que acompañe a las instituciones del Estado ecuatoriano para evaluar la ejecución de dicha reforma.



El concurso para elegir a los magistrados de la nueva Corte Nacional de Justicia se inició en agosto del año 2011, sin embargo la Veeduría Internacional se constituyó tres meses después, el 27 de noviembre.
El 25 de enero de 2012, apenas dos meses después de que se conforme la Veeduría, el Consejo de la Judicatura de Transición se apresuró a posesionar a los nuevos 21 magistrados/as con la presencia del presidente de la República Rafael Correa. Cabe entonces la pregunta: ¿Por qué evitaron que la Veeduría Internacional participe y observe el proceso de selección de quienes conformarían la Corte Nacional de Justicia, el más alto organismo de la justicia en el Ecuador?

El juez español Baltazar Garzón presidió la Veeduría que, además, estuvo conformada por Marigen Hornkohl (Chile), Rafael Follonier (Argentina), Marco Aurelio García (Brasil), Porfirio Muñoz (México), Carolina Escobar (Guatemala) y Juan Luis Mejía (Colombia). El objetivo era supervisar la reforma mediante documentos y contactos con organismos públicos y privados, así como con organizaciones de la sociedad civil. Finalmente debía elaborar tres informes con las respectivas valoraciones, opiniones y recomendaciones.

En la práctica, el Gobierno se aseguró de que la Veeduría no intervenga en la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y así poder decidir sobre la selección de 7: Merino, Íñiguez, Blacio, Yumbay, Vintimilla, Ayluardo y Blum; justo la tercera parte de un total de 21 jueces. Todo estaba calculado. Cuando los veedores iniciaron su gestión, ya no había marcha atrás: todos/as estaban posesionados/as, era cosa juzgada.

Los tres informes de la Veeduría

El 11 de mayo de 2012 fue presentado el primer informe, que contenía 56 recomendaciones y que revelaba, además, inconsistencias y falta de reglas claras en el proceso de evaluación de los postulantes. En el segundo informe del 9 de agosto del mismo año, se destacó que:

"No son solo las nuevas edificaciones lo que determina el éxito de las reformas, aunque favorezcan ambientes dignos y funcionales para el cambio. Tampoco basta un marco jurídico renovado para que las conductas se modifiquen. Lo más relevante es la selección adecuada de los funcionarios, a efecto de garantizar su independencia e idoneidad"

El informe final la Veeduría, de 102 páginas, fue presentado a finales del año 2012, el 13 de diciembre. Resultó ser lapidario para el Gobierno y para su Consejo de la Judicatura. En él se cuestionó el nombramiento de al menos 4 jueces: Wilson Merino, Ximena Vintimilla, Lucy Blacio y Mariana Yumbay, y se señaló que la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia "presenta algunas falencias"; en la fase de calificación de méritos, se afirmó que la puntuación y la calificación no se hicieron correctamente, y que para otorgar sus puntajes se basaron en la interpretación del Comité de Expertos.


Sobre los casos de quienes recibieron puntos injustificadamente, el informe afirmó que Mariana Yumbay apenas cumplía con los requisitos para presentarse al concurso, por tener 10 años y seis meses de graduada, lo cual dejaba sin fundamento los seis puntos que se le había entregado, de acuerdo a un supuesto falso que determinaba que tenía tres años más de experiencia.


Sobre Lucy Blacio y Yolanda Yupanqui, el informe corroboró que, gracias a la entrevista personal, Blacio llegó al cargo y perjudicó a Yupanqui. Sobre Wilson Merino, se ratificó que se le dieron 10 puntos injustificadamente, por experiencia profesional; los veedores no encontraron las razones por las cuales se le había asignado ese puntaje como tampoco justificaron el puntaje otorgado en la entrevista final. Sobre Ximena Vintimilla, igualmente se ratificó el regalo de 4 puntos por una experiencia profesional que no tenía.

El disparate de la Veeduría de la Veeduría

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad también controlada por el Ejecutivo, quiso emitir una respuesta ante la ola de críticas por el informe de Baltasar Garzón. Para ello montó una disparatada Veeduría a la Veeduría Internacional, es decir, pretendió tapar sus errores con comisiones conformadas por ellos mismos para dejar en la impunidad la elección fraudulenta y contar con un ‘informe’ a su favor. Caso contrario, hubieran tenido que acoger las recomendaciones de la Veeduría Internacional, poniendo en riesgo una corte hecha a la medida de los intereses del correísmo.

Al absurdo mencionado le siguió el descaro: Paulo Rodríguez, sin vergüenza alguna, afirmó que la designación de jueces había sido transparente. Tania Arias, por su parte, declaró:


"Este es un caso cerrado. Para el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia es legítima, electa en el marco constitucional"

En otras palabras, sin importarles lo que dijera la Veeduría Internacional, hicieron caso omiso de los informes de aquella, como si las múltiples irregularidades probadas se pudieran omitir con el solo criterio de funcionarios incompetentes, obligados a ocultar la realidad so pena de ser expulsados de las filas del poder de turno, que exige obsecuencia e inobjetable obediencia.

Los jueces ‘chimbos’ o ‘fallidos’ fueron protegidos por sus mentores

El informe final de la Veeduría dio total razón a las denuncias presentadas por el asambleísta Andrés Páez, quien exigió la remoción de los jueces favorecidos, a los que calificó como chimbos. Sin embargo, estos jueces fueron protegidos por sus mentores. El presidente Correa hizo oídos sordos y dejó esfumar el asunto en el feriado de fin de año. El presidente de la Corte Nacional de Justicia emitió una urgente defensa a los cuestionados jueces y evidenció así su complicidad en este fraude judicial. Por último, el Consejo de la Judicatura nunca trató el tema, ni siquiera contestó el pedido de la remoción.

De otro lado, todas las impugnaciones realizadas judicialmente contra estos jueces, no prosperaron, ya que todos estos procesos cayeron en manos del mismo círculo vicioso de la justicia correísta.

LINKS:
La nueva Corte Nacional de Justicia fue nombrada sin la participación ni supervisión de la Veeduría Internacional; se hizo caso omiso a las observaciones en las que se determinaban anomalías en los nombramientos de varios jueces, así como un procedimiento inadecuado en el manejo de 10 puntos a discreción de los miembros del Consejo, los que podían perjudicar o beneficiar a los postulantes, según los intereses del régimen.
VIDEO: El Asambleista Andrés Páez sobre el informe final que la Veeduría Internacional que le otorgo la razán a sus denuncias
Merino Bloopers
Estracto de la presentación de Wilson Merino en el concurso para elección de jueces.


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