OPINION
La tolerancia perdida
Ocho años de prisión por sabotaje y terrorismo. Un año de prisión correccional “en calidad de autores del delito de tentativa de actos de terrorismo”. Prisión por delitos de rebelión sin concierto previo. Cuatro años por sabotaje y terrorismo al haber propiciado la destrucción de un servicio público. Tres años por incitación a la rebelión. Doce, por sabotaje y terrorismo. Dieciocho meses de prisión, 140 mil como indemnización al Presidente de la República y la presentación de disculpas públicas por el delito de injuria…
Quito, marzo 24 de 2014.-

Las anteriores son las condenas en algunos de los casos reseñados ayer por este Diario en los cuales la justicia correísta ha dictado sentencia: contra Mery Zamora, profesora y dirigente del MPD; los 10 de Luluncoto, los jóvenes capturados en el operativo policial “Sol rojo”, cuando se hallaban en una reunión en ese barrio al sur de Quito; los 12 del Central Técnico, entre los 67 colegiales detenidos cuando protestaban en las calles por el supuesto cambio de nombre del plantel; María Alejandra Cevallos, una joven que irrumpió junto a un grupo en el canal televisión estatal el 30 de septiembre para pedir que se escuchara su punto de vista cuando una cadena obligada por el Gobierno transmitía una versión única sobre lo acontecido en ese día; Fidel Araujo, que merodeaba en las afueras del Regimiento Quito durante la revuelta policial del 30 de septiembre; y contra el asambleísta Cléver Jiménez, a quien no se le levantó la inmunidad antes de procesarlo…

Se van acumulando a las cuentas del Gobierno los procesados políticos. En realidad, si nos atenemos a los hechos en los juicios penales que han recibido serios cuestionamientos, lucen desproporcionadas las sentencias que echan manos de las figuras penales de sabatoje, terrorismo, rebelión o atentado contra la seguridad del Estado, como sustento de las condenas. ¿Vivimos en un país con saboteadores y terroristas? ¿Merecen las presuntas faltas de los inculpados esos calificativos penales? Y en cuanto a la injuria contra el presidente Correa, no hay que olvidar que las legislaciones penales, incluso el nuevo Código Penal en el país, han desechado el delito de desacato u ofensa a la autoridad y que gana terreno la tendencia a sacar la difamación y la injuria del campo penal para dejar la protección del buen nombre de los funcionarios públicos en el ámbito civil.

¿Qué consecuencias traen esas sentencias para la participación ciudadana y la práctica política en un país que aspira a vivir en democracia? ¿Contribuyen a mejorar la participación ciudadana y el ejercicio de la política? ¿A generar confianza en la justicia?¿O la judicialización de la política es una forma de negarla, de imposibilitar su verdadero ejercicio democrático?

Como bien señala ayer José Hernández en su columna de análisis en este Diario, la política empieza por el reconocimiento de los otros, el respeto a las diferencias, y no pasa por convertir a los opositores en enemigos y, en consecuencia, buscar su eliminación.

Me parece que, detrás de este exigencia, el valor esencial que la sustenta es la tolerancia. Y la falta de ella es evidente en los años de correísmo.

El voto rechazo del 23 de febrero quizás represente el más serio llamado a recuperar para la política ese valor perdido de la tolerancia. Pero hasta ahora no hay señales de que se lo escuche.

Fuente: HOY / Ecuador
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-tolerancia-perdida-603260.html

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