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Cuestionada internacionalmente la independencia judicial ecuatoriana
Informe demuestra que injerencias indebidas del poder ejecutivo afectan seriamente la independencia del poder judicial en Ecuador
Washington, DC. Julio 28 de 2014.-

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en ingles), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, organizaciones cuyo mandato es promover los derechos humanos y el Estado de derecho en América Latina, publicaron hoy el informe “La independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana”, elaborado por Luis Pásara, experto en temas de justicia y senior fellow en DPLF.

El informe muestra que, a pesar de las reformas implementadas en Ecuador durante los últimos años para fortalecer el sistema de justicia, en la práctica existe una línea de acción del poder ejecutivo dirigido a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política, lo que debilita severamente la división de poderes propia de todo régimen democrático.

Con base en el análisis detenido de casos de alta relevancia social, resoluciones del Consejo de la Judicatura en procesos disciplinarios contra jueces, y declaraciones oficiales, el informe da cuenta del uso inadecuado que se hace del sistema penal para criminalizar a aquellos que discrepan o se oponen a las posiciones gubernamentales.

El informe también señala que el sistema disciplinario judicial, a cargo del Consejo de la Judicatura, se ha transformado en una herramienta para sancionar a jueces que no adecuan sus decisiones al poder ejecutivo, y en un mecanismo para amedrentar a los jueces en general.

Como resultado de los 42 procesos disciplinarios a cargo del Consejo de la Judicatura examinados en el informe, 57 jueces fueron destituidos, en su mayoría por haber cometido un “error inexcusable”, supuesto incluido en el Código Orgánico de la Función Judicial, que con un lenguaje poco claro e impreciso se ha convertido en un mecanismo para sancionar jueces por el sentido de sus decisiones. En dichos procesos, el Consejo actuó como una instancia revisora de sentencias y no como un ente de supervisión de la conducta judicial, según le corresponde por ley.

“Desde el 2011, el Consejo de la Judicatura ha abierto procesos disciplinarios contra jueces después de declaraciones presidenciales que cuestionaban decisiones adoptadas por esos jueces y llamaban a su procesamiento” señaló Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF.

Por su parte, el Informe de la Veeduría Internacional para la reforma judicial presidida por el ex juez español Baltasar Garzón, acerca del uso del error inexcusable como una causal principal de sanción en los procesos disciplinarios, advirtió que “ha de llamarse la atención sobre la regulación del denominado error inexcusable que se encuentra contenido en el Código Orgánico de la Función Judicial, y que en los requerimientos que se ha realizado en esta Veeduría Internacional se ha acreditado que puede enmascarar acciones disciplinarias que suponen auténticas revisiones jurisdiccionales”.

Para César Rodriguez Garavito, Director internacional de Dejusticia: “Las afirmaciones descalificadoras del Presidente Rafael Correa contra los jueces y sus decisiones son una forma de presión indebida para obtener fallos favorables al poder ejecutivo; cuando el gobierno no logra el resultado deseado por esta vía, se usa al Consejo de la Judicatura para retirar de sus cargos a jueces mediante procesos disciplinarios cuestionables”.

Por su parte, Ernesto de la Jara, Director fundador de IDL, señala que “es grave el debilitamiento de la división de poderes en Ecuador, esencial para limitar y controlar el poder en toda democracia…. y nos preocupa que sus acciones se tomen como modelos en otros países…”

Esperamos que este informe contribuya a promover un debate técnico sobre el rol de un sistema de justicia independiente en toda sociedad democrática y las debilidades actuales del sistema judicial ecuatoriano. Asimismo, confiamos en que el informe promueva una discusión sobre los pasos necesarios para lograr un pleno respeto de los estándares internacionales relacionados con la independencia de la judicatura.

Finalmente, respetuosamente recomendamos al Estado ecuatoriano:

- Considerar la posibilidad de invitar a la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, para que evalúe el estado actual de la independencia judicial en Ecuador.

-Iniciar un diálogo con la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos sobre los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial, en especial aquellos contenidos en la jurisprudencia de la Corte y en los informes temáticos de la Comisión sobre “El uso de la prisión preventiva en las Américas” y “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia”.

-Difundir y cumplir con las recomendaciones del Informe de la Veeduría Internacional para la reforma judicial en Ecuador en relación con la transparencia y el respeto del debido proceso en los procesos disciplinarios.

-Permitir la constitución y el ingreso de una comisión internacional de juristas de clara trayectoria democrática e independiente a fin de elaborar una lista de recomendaciones dirigidas a fortalecer la independencia judicial en Ecuador.

Fuente: http://www.dplf.org
Links:
http://www.dplf.org/sites/default/files/indjud_ecuador_informe_esp.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/01/actualidad/1406849354_638641.html
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/tambalea-justicia-ecuador-informe-advierte-sobre-consec-articulo-507672
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/jueces-independientes-610962.html
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