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Reporte de HRW destaca en su
informe el uso excesivo de la fuerza
contra manifestantes en Ecuador

El gobierno del Presidente Rafael Correa ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Las tácticas aplicadas en 2014 incluyen procesos penales por difamación y sanciones administrativas contra periodistas y medios de comunicación críticos, así como intentos agresivos de desacreditar a defensores de derechos humanos en el país.

Washington, febrero de 2015.-

En septiembre, miembros de las fuerzas de seguridad emplearon un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones mayormente pacíficas en Quito, sometiendo a manifestaciones y transeúntes a graves abusos físicos. El gobierno también ha aplicado una legislación imprecisa sobre terrorismo para perseguir penalmente a manifestantes y líderes indígenas que han cuestionado proyectos extractivos. En diciembre de 2013, el gobierno clausuró de forma arbitraria una importante organización no gubernamental (ONG) dedicada a la promoción de derechos ambientales y de pueblos indígenas.

El Consejo de la Judicatura, integrado casi totalmente por ex miembros del gobierno de Correa, ha nombrado y destituido a cientos de jueces a través de métodos sumamente cuestionables, lo cual representa una grave amenaza para la independencia judicial.

En octubre, la Corte Constitucional determinó que la Asamblea Nacional podía iniciar un proceso para modicar 16 artículos de la Constitución, incluidas reformas que otorgarían a las Fuerzas Armadas la facultad de participar en operativos de seguridad pública, concederían al gobierno amplias facultades reglamentarias sobre las "comunicaciones" al considerarlas un"servicio público", y permitirán la reeleccion indefinida del presidente.
Problemas persistentes incluyen las deficitarias condiciones carcelarias y las limitaciones en el acceso por parte de mujeres y niñas a servicios de salud reproductiva.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

En septiembre, la respuesta de integrantes de las fuerzas de seguridad a manifestaciones mayormente pacíficas en Quito incluyo numerosos casos de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes. Decenas de detenidos subrieron graves abusos fisicos, incluidas violentas golpizas, puntapiés y descargas eléctricas, al ser arrestados y durante su detencion. Una minoria de los manifestantes estuvo involucrada en actos de violencia durante enfrentamientos con la Policía, que dejaron un saldo de más de 30 oficiales heridos.

Dentro de las 24 horas posteriores a su detención, más de 100 detenidos fueron llevados ante un juez y procesados por delitos como “ataque o resistencia” a la autoridad y “daño a bien ajeno”. Los detenidos no fueron informados de los cargos en su contra antes de las audiencias, y tampoco tuvieron contacto con sus familiares o sus abogados hasta inmediatamente antes de estas.


El gobierno respondió a las denuncias y señalamientos de abusos felicitando públicamente a la Policía
Nacional por su rol durante las manifestaciones, amenazando con perseguir legalmente a abogados que denunciaban violaciones de derechos humanos, y cuestionando a medios de comunicación que publicaron información sobre los abusos.


Libertad de expresión

La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 le concede al gobierno una amplia potestad para limitar la libertad de expresión. La ley exige que toda la información difundida por los medios sea "verificada" y "precisa", lo cual facilita la censura, al permitir que el gobierno decida qué información cumple con estos criterios imprecisos.

También prohíbe el "linchamiento mediático", al cual define como "la difusión de información que [...]sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente [...] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública". Y la ley prohíbe la censura previa, cuya definición incluye el deber de los medios privados de difundir temas que el gobierno considere de “interés público”. En septiembre de 2014, la Corte Constitucional rechazó varios recursos que cuestionaban la constitucionalidad de artículos clave de la ley.

La Superintendencia de la Información y Comunicación, un organismo gubernamental regulatorio creado por la Ley Orgánica de Comunicación, ha ordenado reiteradas veces que medios de comunicación y periodistas se rectifiquen u ofrezcan una disculpa pública por haber publicado información y opiniones que este organismo considero falsas. Por ejemplo, en enero, el organismo ordenó que un caricaturista conocido como Bonil "rectificara" una caricatura donde se representaba a policías allanando el domicilio de un periodista que había sido condenado por difamar a Correa. La Superintendencia también dispuso que el periódico El Universo, que había publicado la caricatura, pagara una multa de aproximadamente US$ 140.000.

 

Fuente: HRW
http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/132074?page=1


VIDEO: Cicatrices de una protesta
Ecuavisa/ Visión 360
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