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En enero, la Corte Nacional de Justicia confirmo la condena por injurias contra el asambleísta Cléver Jiménez, el dirigente sindical Carlos Figueroa y el periodista y sindicalista Fernando Villavicencio. Los tres habían solicitado que el fiscal general investigara a Correa por haber presuntamente ordenado la toma armada de un hospital durante un motín policial ocurrido en septiembre de 2010, que fue considerado un intento de golpe de estado por el gobierno. La corte condenó a Jiménez y Villavicencio a 18 meses de prisión, y a Figueroa a 6 meses, y dispuso que los condenados debían ofrecer una disculpa pública al presidente y pagarle una indemnización de aproximadamente US$ 145.000. Figueroa fue detenido en julio, mientras que Jiménez y Villavicencio permanecían prófugos al momento de la redacción de este documento.

El gobierno de Correa frecuentemente exige a medios privados que trasmitan mensajes oficiales en respuesta a informes de noticias u opiniones desfavorables. Por ejemplo, en diciembre de 2013, obligó a estaciones de radio a interrumpir sus programas matutinos de noticias para transmitir un mensaje oficial en respuesta a las declaraciones críticas de la Hermana Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. En el mensaje transmitido se aseveraba que Ecuador no había violados derechos humanos “ni [en] un solo caso”.

Proveedores de servicios en línea han bloqueado videos, imágenes y cuentas que criticaban al gobierno de Correa, luego de la que una firma española reclamara que estos contenidos violaban legislación estadounidense sobre derechos de autor. Si bien las autoridades ecuatorianas han negado estar involucradas, las notificaciones enviadas para solicitar que se quitaran los contenidos indican que la sociedad representaba a actores estatales ecuatorianos. En octubre de 2013, YouTube bloqueó el acceso durante varias semanas a un documental que buscaba mostrar la persecución a la comunidad Íntag por su oposición a actividades de minería en la zona. La firma española adujo que el uso de imágenes de la televisión publica ecuatoriana suponía una violación a los derechos de autor.

Independencia judicial

Durante anos, la corrupción, la ineficiencia y la influencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el gobierno de Correa inició un drástico proceso de reforma judicial para abordar estos problemas crónicos. No obstante, como parte de este proceso, el Consejo de la Judicatura designó y destituyó a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que debilitan la independencia judicial.

Un informe publicado en julio por tres ONG internacionales —la Fundación para el Debido Proceso Legal, De justicia y el Instituto de Defensa Legal— documentó la habitual intromisión del poder ejecutivo en las decisiones judiciales, el uso indebido del sistema penal contra quienes cuestionan políticas del gobierno y el uso indebido del sistema de disciplina interno del poder judicial para sancionar a jueces que tomaban decisiones inconsistentes con las políticas del gobierno de Correa.

Acusaciones penales desproporcionadas contra manifestantes

Las disposiciones excesivamente amplias del capítulo sobre “sabotaje y terrorismo” del Código Penal han sido aplicadas reiteradamente por fiscales contra manifestantes. Estas normas se han utilizado para condenar a más de 100 personas por haber participado en protestas presuntamente violentas durante el motín policial de septiembre de 2010.

En marzo de 2014, la estudiante universitaria María Alejandra Cevallos fue condenada a cuatro años de prisión. Cevallos fue una de los numerosos manifestantes acusados de haber ingresado por la fuerza a la sede del canal de televisión pública ese día —luego de que el gobierno ordenara que todos los demás canales transmitieran su programación— para exigir que se le concediera la posibilidad de hablar al público. Otro estudiante fue condenado a dos años de prisión como cómplice debido a que “con su aplauso... exteriorizaba su acuerdo general con la actuación del colectivo social”.

En abril, tres mujeres que participaron en una protesta con otras personas, en su mayoría mujeres, a las afueras de una cárcel en Quito contra el traslado de un recluso, fueron detenidas y acusadas aplicando las disposiciones sobre sabotaje y terrorismo. Según un parte policial, las manifestantes “gritaban ‘torturador’ [al ministro del interior] razón por la cual [este] dispuso la inmediata detención de las tres ciudadanas”. Las tres mujeres estuvieron 18 días en prisión, hasta que la fiscalía retiro los cargos.

Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil

En 2013, el Presidente Correa dictó un decreto ejecutivo extremadamente amplio que le otorga al gobierno la potestad de intervenir en las actividades de las ONGs, incluida la posibilidad de disolver estas organizaciones cuando "afecten la paz pública o hayan participado en actividades distintas a aquellas identificadas al momento de registrarse ante el gobierno.

 

En diciembre de 2013, el gobierno disolvió a la Fundación Pachamama, una ONG que durante más de 16 años se había dedicado a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, sobre la base de que varios de sus miembros supuestamente habían participado en una manifestación violenta contra la extracción de petróleo en la región del Amazonas. Pachamama no fue notificada anticipadamente sobre la disolución, y todas las acciones legales que planteo contra esta resolución fueron.

 

El gobierno ha intentado reiteradamente desacreditar a organizaciones de la sociedad civil, acusándolas de que procuran desestabilizar al gobierno. En abril, Correa acusó a miembros de Yasunidos, una organización de base dedicada a temas ambientales, de ser mentirosos, incoherentes y “tirapiedras”. Yasunidos había reunido más de 700.000 firmas para que se llevara a cabo en un referéndum sobre si debía permitirse que continuara la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní en el Amazonas.

 

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