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Juicios por abusos del pasado

Los esfuerzos para que funcionarios ecuatorianos rindan cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008 siguen avanzando lentamente. En 2014, un tribunal resolvió que las violaciones graves de derechos humanos son imprescriptibles, y el ex comandante de Policía Edgar Vaca, acusado de delitos de lesa humanidad durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), fue detenido en Estados Unidos. A la fecha de redacción de este informe, su extradición se encontraba pendiente.

En 2010, se creó una unidad de fiscalía especializada a la cual se encomendó la investigación de 118 casos sobre 456 víctimas (incluidas 68 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 17 de desapariciones forzadas) documentados por una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa. Al momento de la preparación de este informe, la fiscalía había formulado cargos en siete casos, incluidos dos en los cuales los presuntos responsables fueron condenados, y uno en el cual resultaron absueltos.

Derechos reproductivos

El derecho a realizar abortos se limita a aquellos casos en que la salud o vida de la mujer esté en riesgo, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una “mujer con discapacidad mental”. El temor a ser perseguidas penalmente provoca que algunas mujeres y niñas recurran a abortos ilegales e inseguros, e impide el acceso a servicios de salud y a la atención luego de una violación para víctimas de violencia sexual. El temor a la persecución penal también dificulta la detección y prevención de la violencia sexual y de género. En Ecuador, una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia sexual, según estadísticas oficiales.
Refugiados


Según las estadísticas oficiales más recientes disponibles, correspondientes a 2013, hay en Ecuador casi 55.000 refugiados registrados, una cantidad superior a la de cualquier otro país de América Latina. La mayoría son ciudadanos colombianos que escapan del conflicto armado.


En septiembre, la Corte Constitucional estableció que varias disposiciones de un decreto presidencial de 2012 que reglamenta los procedimientos de asilo eran inconstitucionales. La corte dispuso que la definición de "refugiado" contenida en el decreto era demasiado acotada y resultaba incompatible con la definición prevista en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. También extendió el plazo para presentar un pedido de asilo a tres meses a partir del ingreso del solicitante, y estableció garantías adicionales para apelar las decisiones sobre asilo, estableciendo que los refugiados no pueden ser devueltos hasta que un juez haya dictado una decisión definitiva sobre su caso.


No obstante, la sentencia confirmo otras disposiciones problemáticas del decreto, como procedimientos injustos para la determinación sobre que pedidos de asilo deberían considerarse "manifiestamente infundados”, y facultades excesivamente amplias para revocar la condición de refugiado.

Condiciones en centros de detención

La sobrepoblación y las condiciones deficientes en centros de detención son dos problemas crónicos en Ecuador. Desde 2012, el gobierno ha invertido millones de dólares en la construcción de nuevos centros de detención. Sin embargo, la ubicación remota de estos centros y el carácter estricto y limitado del régimen de visitas dificultan que los internos mantengan contacto con sus familiares. Según ha trascendido, se habrían practicado inspecciones vaginales y rectales a personas que ingresan a estos centros como visitantes.

Actores internacionales clave

Con el apoyo de miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ecuador continúo impulsando una campaña internacional orientada a socavar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El gobierno no participó en audiencias públicas sobre Ecuador convocadas por la comisión, y anunció que no cumpliría con las medidas cautelares ordenadas por esta. En enero, Correa sugirió una vez más que Ecuador podría retirarse del sistema interamericano de derechos humanos.


La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID) y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), vinculada a un partido político alemán, cerraron sus oficinas en Ecuador en septiembre, USAID indico que esto era "resultado de la decisión del gobierno de Ecuador de prohibir la aprobación de nuevos programas de asistencia de USAID", mientras que KAS se refirió al "control y la influencia cada vez mayor del gobierno en la labor política que desarrollan fundaciones y ONG".


Fuente: HRW / http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/132074?page=1

 

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