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Mandato No. 13:
un punto a favor de los Isaías

“La decisión es absurda, por abusiva, ya que viola derechos, y es inconveniente para el país, ya que deja expedito el camino para que los afectados puedan acudir a cualquier sistema internacional de protección de derechos”. Farith Simon.

Diario La Hora

El Mandato No. 13, “oportunamente” aprobado por la Asamblea, determina que la medida de incautación de propiedades a la familia Isaías tiene “plena validez legal”; que esa resolución no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, debe ser archivada, amenazando a los jueces y magistrados con destituirles si conocen de cualquier acción. Ordena, además, que la AGD aplique igual medida a toda persona en situación análoga y “precautela” la estabilidad de los trabajadores de las empresas incautadas (excepto de los directores de noticias de los medios incautados).

No es de mí interés discutir la validez, legitimidad, legalidad, oportunidad o justicia de la decisión tomada por la AGD; lo esencial es examinar las implicaciones del Mandato.

Cuando la Asamblea interpretó el alcance de los plenos poderes (por cierto, siempre será discutible el Mandato No. 1), se entendía que lo hacía en el marco de una precaria independencia de poderes (ya que las otras funciones no podían revisar esa declaración). Estaba implícito, al menos así lo defendieron algunos asambleístas, que se dejaba a salvo el derecho de todas las personas a acudir a los recursos, acciones y medios previstos en la Constitución vigente, si creían estar bajo amenaza o violación a sus derechos, y por supuesto, se entendía que estas acciones debían ser resueltas por las autoridades establecidas de acuerdo con el marco legal vigente.

El Mandato 13 destruye totalmente esta ilusión, deja en claro que los plenos poderes son de tal naturaleza, que la Asamblea puede resolver acerca de la validez legal de un acto particular, atribuyéndose la función de jueces. Limita los recursos de protección de derechos vigentes en el país a ciertas personas y en ciertos casos, violando el principio de igualdad ante la ley y amenaza a los que están llamados a resolver esas acciones con destituirlos o sancionarles penalmente, vulnerando el principio de independencia de la justicia.

La decisión es absurda, por abusiva, ya que viola derechos, y es inconveniente para el país, ya que deja expedito el camino para que los afectados puedan acudir a cualquier sistema internacional de protección de derechos.

En particular abrió de “par en par” el acceso al Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, en base dos hechos ciertos: se violó el derecho que tiene “toda persona” a un recurso sencillo y rápido para ampararse de eventuales violaciones a sus derechos, y eliminó el requisito de agotamiento de recursos internos, ya que impide “al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de jurisdicción interna” (artículos 25 y 46 del Pacto de San José).

Espero que los asambleístas (¿o debería decir el buró político de Alianza País?) recapaciten y recobren el sentido común. Los derechos y sus garantías cubren a todas las personas, no importa su condición o de lo que se les acuse.

fsimon@lahora.com.ec

Fuente: Ecuador en vivo
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/746151/-1/Mandato_No._13:_un_punto_a_favor_de_los_Isa%C3%ADas.html#.U3JHni_TaEu http://farithsimon.blogspot.com/

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