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Se cuestiona suplantación de la
voluntad popular en Ecuador
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, declaró en el canal Ecuavisa que en Ecuador no hay división de poderes y añadió que si por impulsar una agenda legislativa, acordada con el ejecutivo le dicen sumisa, que ella asume ese rol. En respuesta, el editorialista del mismo canal, Alfredo Pinoargote, cuestionó esas declaraciones y afirmó que se está suplantado la voluntad soberana del pueblo.

Quito, Ecuador. Mayo 14 de 2015.-


Lo dicho por la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga

“Quién está gobernando este país es Alianza País. Somos nosotros quienes estamos en el poder y aquí no hay división de poderes, hay funciones distintas. Que tenga mucha claridad en esa diferencia; no estamos en la lógica de Montesquieu de hace muchos años atrás.


Hoy estamos ante un proceso en el Ecuador desde la Función Ejecutiva y la Función Legistlativa y es por eso que nosotros, al interior de la Asamblea Nacional, impulsaremos con todo el compromiso, con toda la fuerza, como nos corresponde, esa agenda legislativa, por supuesto que va de la mano con un acuerdo que tenemos permanentemente con el ejecutivo.

Si por eso nos dicen sumisas, mire yo creo que soy la primera que asume ese rol. Seré sumisa siempre que se luche contra las inequidades, seré sumisa siempre y mil veces cuando tengamos que votar a favor de una ley que está en pro de las mujeres en pro de una sociedad más justa”.

Merino dice en la introduccion que "este es un trabajo que me ha costado escribir - lo confieso- y no por falta de voluntad o de gusto; sino porque han sido tantas las ideas que se han agolpado en mi mente, por las dudas que el pensarlo me generó, que resulta difícil decidir la manera de encarar el desafío" (página 19). Es decir, Merino miente desde el inicio de su supuesto "libro" puesto que lo que ha hecho no es escribir sino copiar textos de páginas utilizadas para estos menesteres.

 

Lo dicho por el editorialista Alfredo Pinargote de la cadena Ecuavisa


“Nadie ha señalado mejor la razón de ser de la disfuncionalidad de las instituciones republicanas que hoy agobia a la democracia ecuatoriana. La separación de poderes enunciada por Montesquieu en su libro del Espíritu de las Leyes, se basa en los fundamentos de la civilización contemporánea, desde la antigüedad antes de Cristo, con Polibio y su obra La República romana y en Grecia con Platón y Aristóteles, luego en la Revolución Inglesa del siglo XVII, en el siglo XVIII con la independencia de EE.UU. y la Revolución Francesa que demolió a la monarquía absoluta.

En el siglo XX los tratados internacionales de Derechos Humanos y las constituciones de los diferentes estados reconocen a la separación de funciones como uno de los principios medulares del régimen de derecho. Y en el siglo XXI la Constitución de Montecristi con los artículos 1,120 para la Asamblea, 141 para la Función Ejecutiva, 168 para la Función Judicial, 204 para la Función de Transparencia y Control Social y 217 para la Función Electoral.

Negar la autonomía de las funciones del estado en un régimen democrático es igual a pretender triciclos de cinco ruedas, aviones que naveguen por el fondo del mar o submarinos que corran por las autopistas. Lo dicho por la segunda vicepresidenta de la Asamblea equivale a la suplantación de la soberanía popular por la soberanía partidista. Lo cual existió en los regímenes totalitarios del siglo XX patrocinados por el imperio soviético. De los cuales son reliquias el artículo cinco de la Constitución de Cuba que proclama que el Partido Comunista es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado. O el artículo 5 de la constitución de Corea del Norte que ordena que todos los órganos del Estado se estructuran y dirigen sobre la base del principio del centralismo democrático.

La constitución de Montecristi aprobada por el pueblo soberano no dice eso, tampoco que los dignatarios de la Asamblea son elegidos por el buró de Alianza País, ni que los asambleístas de Alianza País pueden reformar directamente la Constitucion, ni que el CNE puede negarse a entregar formularios de recoleccion de firmas para una consulta popular de iniciativa ciudadana ni tampoco dice que la libertad de expresión es un serviciopúblico como el de alcantarillado.

Para que eso exista legítimamente el pueblo debe aprobarlo en referéndum. Si eso no es así, la voluntad soberana del pueblo resulta suplantada por la de un grupo de amigos pasándose de la partidocracia en propiedad horizontal al régimen totalitario del partido omnipotente.

Fuente: Ecuavisa
http://www.dailymotion.com/video/x2q6797_editorial-alfredo-pinoargote-14-mayo-2015_news

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