PERSECUCIÓN / Caso Isaías
10 años de violaciones de principios básicos legales y de derechos humanos.

 

Un juicio iniciado sin informes y sin conocimiento. Sin fundamento.

En Ecuador no se puede iniciar un proceso penal por peculado (abuso o malversación de fondos públicos) sin que la Contraloría General del Estado realice un examen específico previo e informe a la justicia de que ha encontrado indicios de responsabilidad penal contra determinadas personas.

Este examen especial es fundamental e indispensable en un proceso judicial. Es un instrumento técnico de auditoría, que orienta acerca de cuestiones complejas sobre las que los jueces no suelen tener conocimiento previo suficiente, dada su especialidad. 
Legalmente, sin un informe así no debe ni puede iniciarse ningún proceso por peculado. Sin embargo, en el caso Isaías se violó este precepto y se los procesó por peculado a pesar de que nunca existió examen o estudio alguno de la Contraloría General del Estado.

Acusados por un delito no tipificado

Uno de los principios básicos de la Ley es: Nullun crimen nulla poena sine lege, es decir nadie puede ser condenado por un acto que –al momento de cometerlo- no esté tipificado en la ley como delito. Es un principio lógico. Si una conducta no está fijada por la ley como delito, nadie debería ser acusado por ella.

El delito de peculado bancario fue tipificado en Ecuador para administradores, directores, ejecutivos o propietarios de bancos privados el 13 de mayo de 1999. Roberto y William Isaías dejaron de ser los directores y propietarios de Filanbanco el 2 de diciembre de 1998, cinco meses y once días antes de que exista el delito del que se los acusa. Así de simple.

La Corte Suprema sobreseyó las causas contra exadministradores de otros bancos como los del Popular y Bancomex, también acusados porque no existía el delito de peculado, precisamente porque dejaron sus funciones mucho antes de que pase la ley en 1999. 
¿Por qué entonces se discrimina y se condena a Roberto y William Isaías por un delito que no solo no cometieron, sino que además ni siquiera estaba tipificado durante los años de su gestión?

Violación del derecho a defenderse

En la primera etapa del proceso, se emitió el Dictamen Fiscal por parte del ministerio público, en el que no se acusó de peculado bancario a los hermanos Isaías. Obviamente esa fue la razón de que en su defensa no presentara descargo alguno por la ausencia de acusación. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, juez de la causa, dictó en el año 2003 un auto de llamamiento a juicio plenario por peculado pero por razones distintas a las que dieron origen al proceso, sin que haya existido jurídicamente oportunidad alguna para que la defensa presente sus pruebas; de esta forma se impidió que los acusados se defiendan, es decir se los dejó en indefensión.

Violación del derecho de apelación

La nueva Constitución del Ecuador, dictada por la Asamblea de Montecristi bajo el auspicio del régimen Correa y posteriormente aprobada en consulta popular, incorpora en su Artículo 76.7.m el derecho de apelación o doble instancia sobre toda resolución judicial en que se afecten los derechos fundamentales de las personas, y no solo sobre sentencias firmes. Sin embargo, las Corte correístas han negado en un sinnúmero de ocasiones el derecho de apelación sobre resoluciones que afectan a derechos fundamentales de los hermanos Isaías, alegando que esas resoluciones no son fallos finales. ¿Por qué se ignoran en este caso las garantías que asegura la Constitución vigente? 

 

Violación del derecho a una justicia independiente

Los jueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional que el 12 de mayo del 2009 decidieron llevar a juicio a los hermanos Isaías (Hernán Ulloa Parada, Luis Moyano Alarcón y Milton Peñarreta Álvarez) se declararon más tarde incompetentes para seguir con el caso. Reconocieron por fin su falta de imparcialidad, eso sí, luego de haber dictado una resolución que permitió seguir con el proceso contra los hermanos Isaías.

Los jueces que heredaron el caso subrayaron las violaciones a la legalidad de todo el proceso por peculado bancario que encontraron. Relatando detalladamente las razones jurídicas y constitucionales que sustentan su auto, el 15 de enero de 2010 los jueces Mazzini, Salazar y Rojas, apegados a derecho, decidieron liberar a los hermanos Isaías de la acusación de peculado, pues no podían ser acusados por un delito que no estaba en la ley en el momento que supuestamente ocurrió.

Tras las declaraciones públicas de Rafael Correa, su Fiscal y sus asambleístas cuestionando el fallo, esos jueces fueron destituidos y enjuiciados. Para reemplazarlos, el presidente de la Corte Nacional, José Vicente Troya, se inventó la figura de 'conjueces ocasionales', nombrando a tres abogados que no eran jueces, como nuevos responsables del caso. Este tribunal especial tomó posesión de su cargo el 6 de mayo de 2010. Tan sólo once días más tarde anularon la resolución del 15 de enero con el fin de que continúe vigente la causa contra los hermanos Isaías.

Los conjueces ocasionales (Gerardo Morales Suárez, Jaime Santos Basantes y Gustavo Durango Vela) no eran jueces de carrera. Desde este tribunal de excepción o Ad Hoc -prohibido constitucionalmente-, los abogados mencionados hicieron la tarea encomendada: fallaron en contra de los hermanos Isaías y declararon el fallo del 15 de enero como 'inexistente'.

Lo inaudito del caso es que la declaratoria de “inexistencia” de fallos judiciales es algo que tampoco existe, no se contempla en ninguna parte de la legislación ecuatoriana y que en la práctica equivale a desaparecer un fallo. Fue una figura concebida ilegal e ilegítimamente por el poder correísta para aplicarla en contra de los hermanos Isaías, con dedicatoria, violando en forma temeraria sus derechos.

Una vez que cumplieron la consigna, los 'jueces de alquiler', volvieron a sus ocupaciones anteriores. Las pretensiones del correísmo fueron saciadas y se impusieron por sobre la independencia de la justicia. Los conjueces destituidos Mazzini, Salazar y Rojas ganaron el juicio en su contra, los declararon inocentes y fueron restituidos en sus cargos, pese a lo cual, el fallo que ocasionó su juicio, sigue aún en estado de 'inexistencia'.

Violación de la presunción de inocencia

El 8 de julio de 2008 el Gobierno de Correa confiscó las empresas, bienes y medios de comunicación de los hermanos Isaías y otros sin que el proceso judicial contra ellos contara con una sentencia en firme. Valiéndose de este ilegal acto, el Gobierno controla actualmente medios de comunicación líderes en el país, desde los que manipula la opinión pública y ha usufructuado de un importante ingreso de dinero proveniente de las demás empresas confiscadas, sin rendir cuentas al país.

La Constitución de la República, así como un gran número de tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Ecuador es signatario, consagran la presunción de inocencia como una piedra angular del sistema procesal penal. Ningún ciudadano es culpable de delito alguno hasta que así no lo haya declarado en forma válida un juez competente. Toda persona es inocente, hasta que un juez sentencie lo contrario y ese fallo tenga autoridad de cosa juzgada. Sin embargo, en el caso Isaías se ha ejecutado una confiscación sin que nadie haya sido declarado formalmente culpable. Una pena impuesta a priori.

Violación de la división de poderes, pilar de todo Estado de Derecho

La confiscación de bienes, empresas y medios de comunicación a los hermanos Isaías explica las permanentes injerencias del Gobierno y de los políticos que lo apoyan en este ilegal proceso. Si hipotéticamente los hermanos Isaías fueran declarados inocentes, la confiscación quedaría aún más en entredicho. Las presiones sobre el caso son más que obvias. Muchas de ellas se constatan ante la propia prensa o en declaraciones oficiales públicas.

Un día después de la confiscación, la Asamblea dictó el Mandato 13, una norma que impide a las autoridades judiciales atender reclamaciones o peticiones de defensa de los hermanos Isaías. La decisión arbitraria del Gobierno fue puesta a salvo por el poder legislativo y no podrá ser revisada, evaluada o contestada con la ley, intimidándose con la destitución a cualquier juez que acepte un recurso de apelación por parte de los afectados.

Los medios estatales y los confiscados -controlados también por el Gobierno- repiten los mensajes políticos del poder. La propaganda correísta emite una y otra vez las imágenes de dolor en las protestas de los depositantes, pero evitan mencionar que la quiebra de Filanbanco se produjo en manos públicas y no en manos privadas. Ocultan que los depositantes fueron perjudicados por el Estado y otros bancos mal administrados y, en forma engañosa, culpabilizan de la crisis bancaria a los hermanos Isaías. Mientras Filanbanco estuvo en sus manos hasta 1998 fue un banco sólido; las imágenes aludidas corresponden a videos de los años 1999 y 2000, años posteriores a la administración Isaías. La manipulación de la opinión pública busca declararlos culpables en el imaginario popular con el propósito de ganar réditos políticos.

Ante este escenario de fuerte intromisión política y presión mediática es imposible que existan jueces dispuestos a tratar el caso Isaías con independencia e imparcialidad. Los jueces solo tienen dos caminos: o condenar injustamente a los hermanos Isaías por peculado bancario; o enfrentarse a la destitución y a la cárcel.

Aplicación indebida de la ley de juicios en ausencia

La legislación ecuatoriana establece que sólo pueden ser juzgados en ausencia los funcionarios públicos no las personas particulares. El peculado bancario no es tratado igual que el peculado público por la ley. A pesar de que los hermanos Isaías nunca fueron funcionarios públicos se ha dispuesto su enjuiciamiento en ausencia. Viven en EE.UU., en un exilio forzado por la inseguridad jurídica existente en su país.

Violaciones al debido proceso en el Caso Isaías

 

Violaciones al derecho y al debido proceso, según el Art.14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Un resumen de las violaciones denunciadas, que han sido todas, sin excepción, alegadas en este proceso sin recibir tramitación legítima ni oportuna, son las siguientes:

EN EL PROCESO PENAL

- La violación del derecho a ser oídos por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley        
a)  La falta de estabilidad de los jueces y sus destituciones arbitrarias durante el proceso          
b)  El nombramiento arbitrario de un tribunal de excepción o Ad Hoc y Ad Hominem 
c)  La prohibición de recusar jueces, contenida en la reforma parcial del Código de Procedimiento Penal de 2009, viola el derecho a un juez o tribunal imparcial

- La violación del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el Art. 14.2 del (PIDCP).    
a) Las declaraciones de funcionarios públicos
b)  Al ser tratados como culpables en un juicio penal sin que exista sentencia en firme en su contra.

- La violación del derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas, reconocidas en el Art 14.3.c del PIDCP.   

EN EL PROCESO DE INCAUTACIONES    

- Ausencia de procedimiento para determinar sus derechos, reconocido en el artículo 14.1 y 14.2 del PIDCP        
- Supresión discriminatoria del derecho al debido proceso y al acceso a la justicia para hacer valer derechos de carácter civil afectados por el proceso de impugnaciones. El Mandato Constituyente No. 13 (Arts. 14.1, 2.3.a y 26 del PIDCP).
- La violación del derecho a no sufrir la aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable y a invocar la nueva ley más favorable, reconocida en el Art. 15 del PIDCP.

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