PERSECUCIÓN/ Otros casos


Persecución judicial en el Ecuador

El denominador común de la persecución en el Ecuador es la utilización de jueces obsecuentes al régimen de Rafael Correa, quienes no tienen reparo alguno en violar derechos, debido proceso, leyes e incluso la misma Constitución, pues se sienten amparados por el poder correísta. En la larga lista de persecución del régimen de Rafael Correa hay una diversidad de personas: periodistas, indígenas, militares, alcaldes, estudiantes, empresarios, maestros, artistas, asambleístas, activistas, caricaturista. Nadie que disienta, o que esté considerado como una amenaza a los intereses del régimen, está a salvo.

El delito es fiscalizar, expresarse, disentir, protestar, pensar diferente
Caso Coronel Carrión, encarcelado por orden presidencial

El coronel César Carrión, Director del Hospital de la Policía, lugar en el que estuvo el Presidente la tarde y noche de la revuelta policial del 30 de septiembre, al ser entrevistado por la cadena internacional de noticias CNN dijo su versión sobre la forma en que se encontraba el mandatario, asegurando que en el tercer piso solo estaba personal médico y la seguridad del Presidente.


Estas declaraciones molestaron a Correa quien en un enlace sabatino ordenó a jueces y fiscales que actúen. Visceralmente dijo refiriéndose al coronel Carrión:
"Es el que da las declaraciones que el Presidente nunca estuvo secuestrado, el que salió en CNN. Pedazo de majadero. Tú eres mi subalterno y no puedes estar, por tus intereses y odios personales, tratando de hacer quedar como mentiroso a tu jefe".

Luego lo acusó de conspiración y ordenó tajantemente:
"Este señor inmediatamente afuera del Hospital de Policía, afuera de la Policía Nacional y hablen con el señor Fiscal, porque este señor es parte de la conspiración".

El coronel Carrión fue encarcelado y procesado inmediatamente. Le dedicaron varias cadenas nacionales haciéndolo aparecer como culpable y estuvo en prisión 116 días, luego de lo cual fue declarado inocente y reintegrado a las filas policiales.

Caso Puerta de Vidrio, enjuiciados por pedir libertad de expresión

Durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010, el presidente Correa decretó el Estado de Excepción y ordenó suspender las transmisiones de todos los canales de televisión independientes, obligándolos a sumarse en una indefinida cadena nacional, a la señal del canal gobiernista Ecuador TV, en un claro acto de censura previa.

Al final de la tarde de aquel día, un grupo de ciudadanos acudió a las instalaciones de Ecuador TV para exigir que se levantara esa cadena y el respeto a la libertad de prensa y de expresión. A su ingreso se produjeron daños en el área de la recepción del canal, avaluados en 4.500 dólares. Ya dentro de las instalaciones no hubo agresiones, ni violencia, según consta en el proceso. Se involucró a 13 personas, 6 de las cuales tuvieron que huir fuera del país. El régimen los acusó de sabotaje y terrorismo, delito con pena de reclusión de 8 a 12 años.

La defensa de los acusados explicó durante el proceso judicial, que lo correcto era remitirse al Art. 606 No. 19 del Código Penal, que contempla prisión de 2 a 4 días a quienes causen daño o perjuicio a instalaciones destinadas al servicio público. Sin embargo, todos fueron sentenciados a ocho años de prisión. Por su parte, la República Checa dio asilo político a dos de los involucrados: los hermanos José Luis y Pablo Guerrero.

Caso Fidel Araujo, dos veces juzgado por el mismo delito

Tres años después de haber sido declarado inocente, el mayor (r) del Ejército Fidel Araujo volvió a ser juzgado por la justicia correísta y por los mismos hechos y, sin aportar ningún nuevo elemento, culpabilizándolo de incitar a la rebelión.

Le impusieron una pena de tres años de prisión. Realmente su único delito fue estar presente en los alrededores del Regimiento Quito, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010. A lo largo del proceso judicial no se pudo evidenciar que Araujo haya tenido contacto con quienes organizaron la revuelta, sin embargo lo condenaron.

La principal prueba que usaron en su contra fueron unas declaraciones dadas por Araujo al canal Ecuavisa, que nunca salieron al aire, debido a que en ese día los medios de comunicación tuvieron que enlazarse obligatoriamente a la señal de Ecuador TV. Al igual que en los demás casos relacionados a la revuelta del 30 de septiembre del 2010, el ministro del Interior José Serrano fue quien fungió como parte acusadora. El caso de Araujo es manipulado judicialmente para que el régimen justifique que hubo un intento de golpe de estado en contra de Rafael Correa, sin tomar en cuenta que ese día fue el propio mandatario quien acudió al Regimiento Quito a instigar a los policías sublevados.

Caso Mery Zamora, 8 años de prisión por salir con sus alumnos

Mery Zamora ha sido Asambleísta del partido opositor Movimiento Popular Democrático MPD, maestra educadora y Presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), importante gremio al que Rafael Correa ataca sistemáticamente y que al inicio de su gobierno fue su aliado.

Zamora fue acusada de sabotaje y terrorismo por supuestamente haber ingresado al Colegio Aguirre Abad (Guayaquil) para arengar a los estudiantes a participar en las protestas contra el gobierno, el 30 de septiembre del 2010. Tres años después fue declarada culpable y sentenciada a 8 años de prisión. Sus abogados denunciaron que en la indagación previa ya se había dispuesto el archivo del expediente por no existir el delito. Sin embargo, el proceso se reabrió luego de unas declaraciones públicas realizadas por Correa, en las que rechazaba su absolución. Los abogados de Zamora sostienen que dentro del proceso no se determinó pruebas de la acusación, ni se le permitió a la acusada ejercer un recurso efectivo de defensa.

El 27 de mayo del 2014, el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia presidido por Jhonny Ayluardo y conformado también por las juezas Mariana Yumbay y Ximena Vintimilla, aceptó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Zamora y dictaminó su inocencia. Enseguida, Correa declaró públicamente que debía existir algún error en esa sentencia. Tras absolver el proceso que condenaba a la maestra y ex legisladora a ocho años de prisión por el delito de sabotaje y terrorismo, Johnny Ayluardo, juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), recibió la notificación del Consejo de la Judicatura (CJ) de una investigación en su contra por la sentencia emitida.

Dos semanas después de declarada la inocencia de Zamora, una Comisión de investigación de los hechos del 30S, conformada por el propio gobierno con miembros vinculados al oficialismo, presentó su informe final en cuya conclusión se afirma que se produjo un intento de desestabilización y golpe de Estado “blando” en el que nuevamente se involucra a Mery Zamora y a otros ciudadanos y actores políticos. Es obvio que con este informe se pretende proseguir con la persecución a Zamora utilizando para ello a una Fiscalía General que ha dado muestras de total servilismo al régimen.



Pablo Chambers, el veedor que cometió el error decir su verdad

A inicios del régimen correísta se conoció a través de la prensa y la investigación de dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, que el hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio, mantenía contratos con el Estado. Con la abundante información con la que contaban, los periodistas mencionados editaron el libro “El Gran Hermano”, en el que afirmaban que el presidente sí conocía de esos contratos. Rafael Correa se enfureció y amenazó a los periodistas con un juicio. Luego, para mostrarse demócrata, libre de culpa y para que le dieran la razón, promovió una veeduría ciudadana que investigara el caso y determinara si él sabía de los contratos, si había perjuicio para el Estado, si había ilegalidades y favoritismos.

Se estimaba que eran contratos por 80 millones de dólares, sin embargo, Pablo Chambers, uno de los veedores recibió por parte de organismos del Estado contratos por 1.300 millones de dólares.
Solo en documentos certificados, los veedores constataron contratos por 657 millones de dólares y confirmaron que el mandatario si conocía de los contratos de su hermano en los que había ilegalidades y perjuicios para el Estado.

Empezaron entonces las presiones y amenazas contra la veeduría. Boicotearon su labor, para luego buscar silenciarlos ofreciéndoles prebendas y cargos públicos. Ante la resistencia de Chambers el gobierno optó primero por la descalificación a su persona y le dedicó 16 cadenas nacionales de televisión calificándolo entre otras cosas de estafador. Acto seguido, Chambers y dos veedores más que se mantuvieron firmes, fueron enjuiciados por falso testimonio, mientras que los otros renunciaron luego de obtener cargos burocráticos.

Chambers y sus dos colegas denunciaron amenazas anónimas, una persecución judicial feroz y afirman que el Estado les bloquea contrataciones y que la empresa privada no les da trabajo por temor a represalias del gobierno. Están sin empleo y han desfilado tras más de una docena de embajadas pidiendo asilo. La persecución judicial en su contra es creciente y su futuro es incierto.

Caso los 10 de Luluncoto, violación de derechos y debido proceso

El 3 de marzo 2012, en un violento operativo de fuerzas de élite policial se detuvo a diez jóvenes, en el barrio Luluncoto, al sur de Quito, suceso en el que no se respetaron sus derechos humanos ni la condición de una madre embarazada.

Cuando los detenidos estaban a punto de salir por cumplirse un año sin sentencia, la justicia ecuatoriana les impuso la pena de un año. Durante el proceso hubo varias irregularidades: se demostró que hubo documentos forjados para inculparlos y que se cambió el tipo de acusación por parte de la Fiscalía, con lo cual se los dejó en la indefensión.

La detención de los diez jóvenes se dio en la víspera del inicio de una serie de manifestaciones en contra del gobierno, por la inminente aprobación de la Ley de Aguas. Entre las acusaciones que se hicieron en su contra, estaba el de pertenecer al Grupo de Combatientes Populares (GCP) al cual se le endilgó la explosión de tres bombas panfletarias en meses anteriores. En el curso de las investigaciones, se demostró que si bien estas explosiones sí existieron, fueron en su momento reivindicadas por otros grupos irregulares, que nada tenían que ver con el GCP.

Caso Central Técnico, ensañamiento del poder, contra 12 jóvenes
Alrededor de 70 estudiantes del colegio quiteño Central Técnico, la mayoría menores de edad, protestaron en febrero del 2013 por la aprobación de una norma que implicaba su posible desaparición como entidad educativa. Hubo quema de llantas, otro tipo de desmanes y enfrentamiento con la fuerza pública.

Sin embargo, el gobierno consideró que doce estudiantes mayores de edad de ese centro de estudios, estaban involucrados en este tipo de actos, lo que se debía tomar como una ofensa grave a la administración pública y a la institucionalidad del estado. Fueron acusados de rebelión y condenados finalmente a una pena de 21 días de prisión, con varias irregularidades judiciales de por medio y la intromisión del ejecutivo presionando a los jueces.
•           En un primer momento fueron sobreseídos por falta de elementos de convicción, pero luego de una crítica al sobreseimiento que hiciera Correa en una cadena sabatina, la Fiscalía revocó dicho sobreseimiento.
•           Los padres de los estudiantes y sus defensores fueron amedrentados por Correa en sus enlaces sabatinos y en otras declaraciones públicas.
•           Los alumnos pasaron en prisión más del período de la pena establecida.



Caso criminalización de la protesta social

En julio de 2012 Amnistía Internacional emitió su informe basado en la investigación realizada en Ecuador, sobre el uso la detención, la privación de libertad y la presentación de cargos infundados contra manifestantes indígenas y campesinos entre 2009 y 2011.

La investigación se basó en los expedientes judiciales, correspondencia con las autoridades de Gobierno y entrevistas realizadas con representantes de ONG's ecuatorianas, abogados, además de miembros y dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas, durante la visita que realizó la delegación a Quito y Cuenca, ocasión en la que también se reunieron con autoridades del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y del Ministerio del Interior. El informe concluyó que en efecto, ante los actos de protesta por reivindicar el derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento frente a leyes, políticas y prácticas que les afectan, el gobierno ha respondido con procesos judiciales, además de cuestionar la legitimidad de las protestas, limitar el derecho a la libre expresión y reunión de algunos sectores.

Ante ello, Amnistía Internacional recomendó al gobierno ecuatoriano que elimine las penas impuestas a manifestantes indígenas y campesinos las mismas que tuvieron el carácter de delitos penales, ya que no pueden ser tipificadas como tales porque son parte de los legítimos derechos humanos relacionados con la libre expresión y la protesta social. Garantizar que toda ley, política o medida potencial que afecte a las comunidades, sea objeto de un proceso de consulta con las comunidades afectadas antes de que se tome cualquier decisión y establecer mecanismos claros y justos para llevar a cabo consultas de buena fe con las comunidades afectadas, entre ellos un mecanismo para vigilar la aplicación e informar de los agravios. Las recomendaciones nunca fueron acogidas ni puestas en práctica por el régimen.

http://amnistiainternacional.org/publicaciones/61-para-que-nadie-reclame-nada-criminalizacion-del-derecho-a-la-protesta-en-ecuador.html

Caso general Gabela. ¿Asesinado por oponerse a un acto de corrupción?

El general Jorge Gabela Bueno fue crítico de la compra de los helicópteros Dhruv que el gobierno hizo, porque consideraba que no cumplían con los estándares de seguridad necesarios y porque ello conllevaba un grave riesgo para los pilotos que iban a manejarlos.

El general Jorge Gabela Bueno fue crítico de la compra de los helicópteros Dhruv que el gobierno hizo, porque consideraba que no cumplían con los estándares de seguridad necesarios y porque ello conllevaba un grave riesgo para los pilotos que iban a manejarlos.

El general incluso le transmitió su preocupación personalmente al presidente Correa y denunció en la Asamblea Nacional que era perseguido y amenazado por oponerse a la compra de los Dhruv. Gabela dijo además que la compra de estos 5 helicópteros era lesiva para los intereses del Estado ecuatoriano, no obstante desoyeron sus cuestionamientos y fueron comprados.

En diciembre del 2010 el general Jorge Gabela recibió un disparo en la puerta de su domicilio en la ciudad de Guayaquil y agonizó durante diez días antes de morir. El móvil del crimen nunca se esclareció, pero Patricia Ochoa, la viuda y la familia de la víctima sostuvieron siempre que se trató de un sicariato al que vincularon con las Fuerzas Armadas y el círculo político de Rafael Correa para silenciar al General. El tiempo dio la razón a Gabela, ya que de las cinco aeronaves, dos se precipitaron a tierra en forma inusual y únicamente quedan dos en funcionamiento.  



https://www.youtube.com/watch?v=oImYrPRzof4
https://www.youtube.com/watch?v=vq2KgYN76dI
https://www.youtube.com/watch?v=ZbzInSKqPMI
https://www.youtube.com/watch?v=cHlJfeBvrms
https://www.youtube.com/watch?v=djed7K0d01Y
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alonso-espinoza-vinculado-al-caso-gabela-declaro-en-ecuavisa-564452.html

Caso Carolina Ramos, el delito de ser la mujer de un opositor

Carolina Llanos, conviviente del asambleísta Galo Lara, fue sentenciada a 20 años de prisión, por supuestamente haber estado relacionada con el asesinato de una familia, suceso ocurrido en Quinsaloma, Manabí, en agosto del 2011.


La prueba que usó la Fiscalía en este caso, fue el testimonio de Alex Cedeño Molina, un sicario que cumplía pena de 16 años por asesinato y que había recuperado la libertad tan sólo dos días antes de rendir su testimonio para incriminar a Llanos y al propio Galo Lara.

Según este dudoso testigo, había escuchado por terceras personas, que Lara y Llanos eran los autores intelectuales del asesinato de Quinsaloma. Los jueces del caso, presionados constantemente por Correa, fallaron sentenciando a Llanos y absolviendo en primera instancia a Lara, quien luego también fue declarado culpable en la fase de apelación.

En septiembre del 2013, Lara recibió asilo político por parte del gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá, dada la evidente persecución política en su contra, mientras que Llanos fue víctima de torturas en la cárcel, por parte de los guardias de la prisión que le ocasionaron un aborto.

El nuevo gobierno panameño de Juan Carlos Varela, un declarado admirador de Nicolás Maduro, revocó el asilo al ex legislador el 19 de mayo del 2014, aduciendo que no era víctima de persecución política.  A inicios de junio del 2014, la Corte Suprema de Panamá ordenó la detención de Galo Lara quien fue apresado para su pronta extradición a suelo ecuatoriano.


Caso de LOS HIJOS DEL PRE

En agosto del 2012 surgió una fuerte polémica cuando el Ministerio de Bienestar Social demandó a Gabriela Pazmiño y Abdalá Bucaram Pulley, quien era líder del Partido Roldosista Ecuatoriano PRE, por el supuesto uso político de la imagen de sus hijos. Esta demanda implicaba separar a los niños de sus padres y entregar la tutela provisionalmente al Estado por considerar que sus progenitores están incapacitados para mantenerlos a su cargo.

El caso se inicia cuando Bucaram mostró en un reportaje de prensa, varias fotos de su esposa Gabriela en compañía de sus hijos y el presidente Rafael Correa, para demostrar las buenas relaciones que tuvieron en algún momento. La demanda de régimen dejó en evidencia la prepotencia del gobierno ecuatoriano, que estuvo dispuesto a cometer el mayor daño irreparable como era, despojar a los niños de sus padres, por el simple hecho de ser opositores. La denuncia del Ministerio nunca prosperó por las fuertes críticas de parte de la ciudadanía y por los reclamos desesperados de la madre que fueron difundidos por la prensa independiente.

La asambleísta correísta de entonces, Rossana Alvarado, abogada, comunicadora social y feminista, se refirió a este hecho en forma despectiva usando la frase “no sabríamos que hacernos con los hijos del PRE”, en relación a los hijos de Bucaram. Comentario que fue cuestionado por la ciudadanía e inclusive por gente cercana al régimen.


Caso Jaime Guevara: vilipendiado con todo el peso del poder

Jaime el “chamo” Guevara, es un cantautor urbano muy querido en especial en la ciudad de Quito, en sectores de la periferia artística. En septiembre del 2013, Guevara fue agredido física y verbalmente por el presidente Rafael Correa y su escolta. El motivo fue una señal de desaprobación que hiciera Guevara ante el paso de la caravana del mandatario.


Para justificar el hecho, Correa dijo en su cadena sabatina, que el conocido trovador quiteño había estado alcoholizado y drogado cuando hizo el gesto ofensivo “tenía toda una droguería encima” aseveró irónicamente Correa.
Lo que el Jefe de Estado no sabía, es que Guevara tiene epilepsia desde su nacimiento, lo cual le aparta de consumir droga ilegales a lo largo de toda su vida. Varios activistas salieron a dar fe que además Guevara era abstemio y vegetariano, entre ellos el padre de los hermanos Restrepo.

En una sabatina televisada, abusando de poder ante el indefenso cantautor, no reconoció su error y más bien le insultó. Luego se descubrió que se había forjado el parte policial falseando los hechos a favor de Correa. Guevara analizó la posibilidad de demandar al mandatario pero enseguida se retractó afirmando que todo el mundo sabe que Correa controla a los jueces.



http://www.elcomercio.com.ec/politica/JaimeGuevara-disculpas-Presidente-RafaelCorrea-Ecuador_0_987501312.html

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/03/nota/1388346/cedhu-denuncia-parte-falso-altercado-cantautor-jaime-guevara

http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/4481-jaime-guevara-estudia-una-posible-accion-legal-contra-presidente-correa-por-injurias-calumniosas.html#.UznxBa1dU5h

Caso Alvaro Noboa, intimidación a jueza

Bananera Noboa, de propiedad del empresario, opositor y ex candidato presidencial Álvaro Noboa, fue condenada a pagar glosas tributarias por más de 100 millones de dólares, con cargo a sus operaciones del año 2005.


El hecho se suscitó a finales del 2012 y para imponer esta condena, el Servicio de Rentas Internas (SRI) se basó en la “capacidad de presunción”, una discrecional norma incorporada por Correa, a la Ley de Régimen Tributario.

Ante la condena, Noboa interpuso un recurso de Hábeas Corpus, para detener la ejecución de la glosa en su contra. La jueza Yvonne Hernández acogió este instrumento legal y por ello luego fue suspendida en sus funciones, por el Consejo de la Judicatura, en un acto claramente intimidatorio contra los funcionarios judiciales. Para presionar el pago, el SRI pidió que se dicte orden de arraigo en contra del empresario, medida que fue inmediatamente acogida por la justicia ecuatoriana. Noboa tuvo que salir del país y solo pudo regresar varias semanas después, cuando esta entidad ya le había incautado decenas de bienes, entre ellos la hacienda La Clementina, bananera, ganadera y de teca.

Según Carlos Marx Carrasco, titular del SRI de ese entonces, a través de las incautaciones de las propiedades de Noboa, se habría recuperado el 94% de la deuda que supuestamente mantenía la Bananera Noboa, es decir, 90,3 millones de dólares. Como la deuda total ascendería a 97 millones de dólares, restaría un saldo por cobrar de más de 6 millones de dólares. A pesar de que la esposa de Noboa solicitó al Presidente Correa le reciba para arreglar el problema, pagar y evitar que se disponga de la hacienda, en un acto demagógico, La Clementina fue rematada en las fiestas navideñas de diciembre del 2013 y adjudicada a 1.714 de los 1.900 empleados con que contaba. No obstante, Carrasco sostuvo que el grupo Noboa mantendría otras deudas, con procesos legales, por más de 180 millones de dólares.

El empresario Noboa enjuició por difamación a Carlos Marx Carrasco a propósito de que anunciara que el Grupo Noboa mantiene deudas adicionales por 180 millones de dólares. El SRI ya ha anunciado que seguirán glosándole los años restantes.


http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sri-recupera-94-de-la-deuda-de-noboa-598648.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/noboa-demandaria-a-carlos-marx-carrasco-598986.html


Caso Pepe Acacho, asambleísta indígena perseguido

Pepe Acacho, dirigente indígena de la nacionalidad Shuar, asambleísta del opositor Movimiento Plurinacional Pachakutik y ex Vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), principal agrupación indígena, con la que Correa ha mantenido varias disputas, es otra víctima de persecución judicial.


En el año 2013, Acacho fue sentenciado a 12 años de cárcel por sabotaje y terrorismo, además del pago de una multa de 400 mil dólares. Lo sentenciaron por supuestamente encabezar y avivar la protesta indígena contra el gobierno de Correa, de septiembre del 2009. En estas manifestaciones murió un miembro de la comunidad Shuar y hubo varios policías heridos. No obstante, organizaciones de defensa de los derechos humanos, coincidieron en que se sentenció a Acacho sin pruebas suficientes y con una pena desmedida. Para estos organismos, se trata más bien de un caso de criminalización de la protesta social. Los abogados defensores de Acacho indicaron que en el juicio no se aportaron pruebas ni evidencias de terrorismo, además se manipularon videos y audios para inculpar al líder indígena.

Caso Cléver Jiménez, perseguido por descubrir la corrupción

Cléver Jiménez, es asambleísta del Movimiento Plurinacional Pachakutik y uno de los más frontales denunciantes de actos de corrupción del régimen de Correa, al que ha calificado como “el gobierno más corrupto de la historia”.


Jiménez ha fiscalizado, entre otros casos, las irregularidades en las negociaciones petroleras del Ecuador con China, el famoso “caso Petrochina” y la Ruta “G”, en las que mafias de intermediarios se apropiarían de 2 a 3 dólares por cada barril de petróleo ecuatoriano exportado.

El 4 de agosto del 2011, Jiménez presentó una denuncia para que se investigue la responsabilidad de Rafael Correa por posible delito de lesa humanidad en la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de ese año. Ese día, cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial y cercaron el hospital donde el mandatario se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta. Murieron cinco personas: dos militares, dos policías y un civil y se registraron decenas de heridos.
El gobernante, quien fue rescatado de allí en un operativo militar, debido a que, lejos de aplacar la revuelta la caotizó, retó a que le disparen lo que degeneró en un caos general. Jiménez pidió la renuncia del presidente poco después de iniciada la insubordinación. Un informe de las Fuerzas Armadas asegura que “el rescate fue concertado con el mandatario al determinarse que estaba en “peligro inminente” por las amenazas de muerte lanzadas a través de la radio policial”.

El Fiscal desestimó la denuncia de Jiménez y la declaró como maliciosa y temeraria, luego de que el propio Correa se lo ordenara públicamente en una de sus sabatinas. La jueza Lucy Blacio no respetó la inmunidad parlamentaria de Jiménez y finalmente lo enjuició y sentenció a 18 meses de prisión y al pago de una multa de 140.000 dólares. Sus abogados denunciaron que el fiscal a cargo, Galo Chiriboga, no estaba habilitado para actuar, dado que años antes ejerció como abogado personal del propio Correa, en el juicio que éste interpusiera contra el Banco del Pichincha. Además, Jiménez había denunciado varias irregularidades cometidas por Chiriboga cuando fue ministro de Petróleos. Junto a Jiménez están condenados el activista político y periodista Fernando Villavicencio y el dirigente gremial Carlos Figueroa.

La Corte Nacional de Justicia archivó la denuncia y el asambleísta afirmó que era de esperarse tal decisión de un poder judicial sometido el ejecutivo y que la había presentado como un formalismo, pues su objetivo es llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI). En la denuncia se acusa al Primer Mandatario por presuntamente haber ordenado al Ejército para disparar en las inmediaciones y en el interior del Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2011.


http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/corte-archiva-denuncia-correa-supuesto.html.

Ante la evidente persecución de la cual son víctimas los procesados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Jiménez, Villavicencio y Figueroa, sin embargo el régimen de Correa no la acató y endureció la persecución, razón por la cual los tres sindicados tuvieron que refugiarse en la clandestinidad.



Caso Pachamama, clausurada sin derecho a defensa

La Fundación Pachamama fue una organización de la sociedad civil, creada hace más de 15 años, que se ha opuso firmemente a la intención gubernamental de explotar el campo petrolero Yasuní ITT, ubicado dentro de uno de los principales parques nacionales del Ecuador. El Yasuní es considerado además como uno de los espacios de mayor diversidad en el mundo.


La Fundación Pachamama fue clausurada por el Ministerio del Interior, tomando como pretexto una manifestación realizada en Quito, en la cual hubo agresiones contra diplomáticos del gobierno de Chile. La disolución fue realizada de forma inmediata, sin que se permitiera a Pachamama ejercer su derecho a la defensa.
 

Caso Marco Tapia, alcalde perseguido por juez “especial” de Correa

Este caso es muy singular, se trata de la primera persecución entre oficialistas. Marco Tapia le ganó las elecciones al candidato Íñiguez, actual juez cercano a Correa y eso desencadenó en una persecución por parte de Iñiguez que culminó en un juicio por calumnias, una sentencia y orden de prisión contra el Alcalde.


La sentencia además ordena a Tapia pagar a Íñiguez 5 millones de dólares como compensación. Tapia calcula y afirma que para pagarle esa suma al poderoso juez, tendría que trabajar 198 años, y, comenta que su compañera de Alianza País, Betty Tola le advirtió: “Estás fregado amigo. Te metiste, con el juez que le maneja los casos especiales al Presidente”. El Alcalde renunció y se mantiene en la clandestinidad.


En junio del 2014, Tapia presentó su demanda contra el Estado ecuatoriano y la solicitud de mediadas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 
Caso César Monge, 235 juicios por denunciar corrupción

Otra muestra de abuso de poder y persecución judicial es el caso de César Monge, candidato a la Prefectura del Guayas quien denunció los actos de corrupción del candidato oficialista Jimmy Jairala en enero del 2014.



Monge denunció que Jairala habría sacado fuera del país alrededor de un millón de dólares a través de consignaciones realizadas por empleados de la propia Prefectura. El dinero habría tenido como destino Perú, país en el cual Jairala es un reconocido criador de caballos de paso.

Una vez reelecto en el cargo, Jairala, a través de sus abogados Gutemberg y Alembert Vera, abogados del Presidente Correa y famosos por haber sido quienes redactaron la sentencia del caso del diario El Universo (en la que se otorgó 40 millones de indemnización a favor de Rafael Correa Delgado), interpusieron 235 acciones penales en contra de Monge. El objetivo era intimidarlo y que no siga investigando la corrupción dentro de la Prefectura del Guayas. Así, se evidencia que la corrupción en el Ecuador une a ciertos políticos corruptos y sus cuestionados abogados.

Monge asegura que se quiere utilizar a los jueces como una “herramienta de intimidación”. “Cuando nosotros, los ciudadanos, somos los condenados por demandar honestidad, señores, es ahí cuando podemos decir que nuestra sociedad ha sido condenada, condenada al silencio, condenada al miedo, condenada al abuso de unos pocos”, agregó Monge, quien afirmó que no dejará de denunciar actos de corrupción.


http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/15/nota/2363326/monge-afirma-que-no-saldra-pais

Caso Los Yasunidos. Perseguidos, engatusados y apresados.

Yasunidos, colectivo ciudadano que se opone al modelo extractivista de Correa, el mismo que prevé una descontrolada explotación de los recursos naturales, pugnaba por que se le apruebe una consulta popular para determinar si se explota el petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní. Los Yasunidos fueron objeto de engaños oficiales, insultos y hasta agresiones por parte del régimen.


El régimen de Rafael Correa boicoteó la consulta ya que corría el riesgo de perderla debido al descenso de su popularidad, luego de las elecciones seccionales del 23 de febrero en las que perdió apoyo ciudadano especialmente en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras veinte cabeceras cantonales. David Mármol, miembro de la organización, fue retenido ilegalmente por la escolta del presidente Rafael Correa, al haber realizado un gesto de desaprobación ante el paso de su caravana de vehículos. Mármol fue golpeado, amenazado e insultado durante varias horas y luego, ante la presión ciudadana, puesto en libertad.

Correa quiere imponer la explotación del Parque Yasuní y obtener 150.000 barriles diarios de petróleo y completar los 300.000 barriles para un posible funcionamiento de la Refinería “El Pacífico”, proyecto a construirse con capitales y empresas chinas en la provincia de Manabí, cuyo monto asciende a 12.000 millones de dólares. Desde el 2010 a la fecha, Ecuador continúa firmando contratos bajo la misma modalidad con Petrochina y el CDB. Analistas estiman que hoy en día más de un 80% de las exportaciones totales de petróleo ecuatoriano se realizan con Petrochina. Esto significa que unos 252.000 barriles de petróleo diarios son vendidos a un precio inferior al del mercado, generando pérdidas que rondan los 230 millones de dólares al año”.


http://sitio.yasunidos.org/en/
http://www.eluniverso.com/tema/yasunidos
http://www.argenpress.info/2014/02/yasuni-presupuesto-y-subsidios.html

VIDEO: EL Alcalde de Gualaceo Marco Tapia denuncia persecución de juez Paúl Iñiguez
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